La iniciativa propone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, que elaborará un certificado para que cada persona beneficiaria pueda acreditar el acceso al boleto. El certificado deberá ser renovado cada seis meses mientras persista la situación de violencia por motivos de género y las personas beneficiarias tendrán la cobertura del seguro de accidentes de transporte público de los usuarios.

Los fundamentos explican que el objetivo del proyecto es poder generar mayores condiciones a las víctimas para afrontar una situación de violencia por motivos de género. Mencionan datos oficiales del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de la provincia publicados el 21 de mayo pasado que indican que, de un registro de 8260 mujeres en situación de violencia por motivos de género que solicitaron asistencia en toda la provincia, 3353 recurrieron a más de un organismo estatal para ser asistidas.

Agregan que el año pasado se registró que el 41% de las personas que realizaron una denuncia se encontraban desocupadas y mencionan que la independencia económica es fundamental para salir del círculo de violencia. En ese marco, subrayan que el boleto apunta a sumarse a los beneficios que asisten y acompañan a las personas en situación de violencia por motivos de género para lograr esa independencia económica y el no retorno a los círculos de violencia en los que se encuentran.

El proyecto lleva las firmas de Lorena Parrilli, Soledad Salaburu, Soledad Martínez, Mariano Mansilla, Darío Peralta, Gonzalo Bertoldi y Sergio Fernández Novoa.