En el proyecto de ley manifiestan que se iniciaron sumarios administrativos de carácter laboral por actividades desarrolladas durante el conflicto, investigaciones que en una situación normal podrían llevarse adelante con todas las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. No obstante, advierten que la situación no es normal y se está ingresando en la segunda ola de la pandemia.
 
En ese sentido, consideran que el Estado no puede distraer esfuerzos físicos y económicos para tramitar sumarios, como así tampoco distraer al personal de salud que debe centrarse exclusivamente a la atención de los y las pacientes. Por ese motivo, sostienen la necesidad de dejar sin efecto los sumarios iniciados, en salvaguarda de una eficiente prestación del servicio de salud pública en medio de la pandemia originada por el virus COVID, y mencionan que la Constitución contempla la obligación del Poder Legislativo de dictar leyes de acción sanitaria que aseguren la protección del Estado a los prestadores del servicio de salud, como así también de garantizar igualdad en el acceso a la salud a todos los ciudadanos y ciudadanas.
 
El proyecto lleva las firmas de Sergio Fernández Novoa, Teresa Rioseco, Ayelén Gutiérrez, Mariano Mansilla, Lorena Parrilli y Soledad Salaburu.