Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia ordenó reagendar los juicios, mientras que la Legislatura aprobaba en general la extensión del vencimiento de plazos de la prisión preventiva dado este escenario atípico. Vale recordar que en el caso de un juicio por jurados se requiere un gran despliegue de personas, de 35 a 40 como mínimo en una sala.

También es importante tener en cuenta la rápida capacidad de propagación del COVID-19, como quedó en evidencia en casos como Las Lajas, Loncopué, la sede policial de Balsa Las Perlas, el ADOS y la Comisaría primera.

Para concretar las audiencias presenciales de juicio, se debe tener un protocolo sanitario que garantice las condiciones de bioseguridad de todos los actores participantes del proceso. La calificación es coincidente cuando se consulta a jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Nunca hubo tanta unanimidad dentro del Poder Judicial.

Esto obliga a que el Tribunal Superior de Justicia, del cual depende la Oficina Judicial, baje al territorio y abra el diálogo para consensuar con los distintos actores, delinear cuál es la mejor forma de hacer confluir en una sala a tantas personas garantizándoles la salud y contando con la aprobación de expertos en epidemiología.

“¿Quién provee los implementos? ¿Quién traslada testigos? ¿Quién controla a los grupos de riesgo?”, se preguntan desde la defensa pública. “Por más que se haga ya el juicio, teniendo en cuenta el doble conforme, para que quede firme la condena, ya no se llega con los plazos de detención”, indicó un juez consultado.

“¿Y a los testigos y jurados populares quién los controla? A ellos también hay que hacerles un seguimiento epidemiológico”, aseveran desde el Ministerio Público Fiscal.

Las salas son cerradas y tienen una ventilación artificial que no garantiza una correcta aireación.