Redacción NALas familias de alumnas de una escuela de San Martín de los Andes queremos expresar nuestra profunda preocupación por los hechos denunciados que involucran a un docente de la institución, tras los relatos de varias niñas menores de edad que habrían sufrido acercamientos y tocamientos impropios por parte de este profesor.
Los hechos han motivado la correspondiente denuncia y el docente ha sido apartado de su cargo. Consideramos que estas medidas son necesarias, pero creemos que la respuesta institucional debe ir más allá.
Nuestra principal preocupación es que no sabemos si las situaciones denunciadas han podido afectar a otras niñas o niños que todavía no se hayan atrevido a hablar, que no hayan sabido identificar lo ocurrido o que no hayan encontrado un espacio seguro para contarlo.
Cuando hablamos de menores de corta edad, debemos tener presente que no siempre disponen de las herramientas necesarias para reconocer un comportamiento inapropiado, especialmente cuando procede de una persona adulta que ocupa una posición de autoridad y confianza dentro de la escuela. Precisamente por eso, creemos que la prevención y la educación son fundamentales.
A los hechos denunciados se suman otros testimonios de alumnos que aseguran que el docente habría alardeado de consumir marihuana y hongos, así como de haber conseguido su cargo después de haberse hecho un machete. Consideramos que estos relatos deben ser esclarecidos y valorados por las autoridades competentes. No pretendemos presentar como probados hechos que deben investigarse, sino poner de manifiesto la preocupación que generan estos testimonios y la necesidad de que sean examinados con seriedad.
Nuestra preocupación no se limita a lo ocurrido ni a las medidas adoptadas respecto del docente. También nos preguntamos qué se está haciendo para que el resto del alumnado disponga de herramientas que le permitan reconocer comportamientos inapropiados, identificar situaciones de abuso de poder y pedir ayuda cuando algo les incomoda o les genera miedo.
La Educación Sexual Integral (ESI) ofrece herramientas fundamentales para trabajar, de acuerdo con la edad de cada grupo, el respeto por el propio cuerpo, los límites personales, el consentimiento, las relaciones de poder y el derecho de cualquier niño o niña a decir que algo le incomoda y a pedir ayuda. Por eso, creemos que la escuela debe asumir un papel activo y desarrollar medidas preventivas que alcancen al conjunto del alumnado, respetando la intimidad de las menores afectadas y las actuaciones judiciales en curso.
Nos preocupa que, hasta donde conocemos, no se haya comunicado ni desarrollado una intervención preventiva suficientemente amplia para abordar estas cuestiones con los demás cursos y facilitar que otras posibles situaciones puedan ser identificadas y comunicadas de manera segura.
Creemos que la responsabilidad institucional no termina con apartar a un docente y presentar una denuncia. También implica evaluar los riesgos, escuchar a las familias, ofrecer acompañamiento y garantizar que los menores sepan cómo actuar ante situaciones que vulneren sus límites o su confianza.
Nos preocupa, además, que el debate termine centrado en si dar a conocer los hechos perjudica o victimiza al docente, en lugar de abordar qué medidas adicionales pueden adoptarse para proteger a los menores. Informar de manera responsable sobre una situación de interés público no debe confundirse con realizar una condena anticipada. Es posible respetar las garantías de todas las personas involucradas y, al mismo tiempo, exigir explicaciones y medidas de prevención.
No queremos interferir en la investigación ni contribuir a rumores. Tampoco pretendemos exponer a las niñas afectadas. Queremos que se investiguen los hechos, que se escuche a los menores y que se garantice que ninguna posible situación quede sin detectar por falta de información, miedo o desconocimiento.
Por todo ello, pedimos a la institución que refuerce las medidas preventivas, trabaje estas cuestiones con el alumnado a través de las herramientas educativas disponibles, informe adecuadamente a las familias y habilite canales seguros para que cualquier posible afectado pueda hablar y recibir acompañamiento.
No sabemos si las niñas que han hablado hasta ahora son las únicas que han vivido situaciones de este tipo. Precisamente esa incertidumbre hace imprescindible actuar de forma preventiva, sin esperar a que aparezcan nuevas denuncias para ofrecer a los menores las herramientas que necesitan.
El silencio no protege a la infancia. La información responsable, la educación y la prevención sí pueden hacerlo.
Nuestra prioridad debe ser que ninguna niña ni ningún niño tenga que enfrentarse a una situación así sin saber reconocerla, sin saber que puede contarla y sin tener la certeza de que alguien va a escucharle y protegerle.
Solicitamos respuestas, medidas concretas y responsabilidad institucional. La seguridad y el bienestar de nuestros hijos e hijas deben estar siempre por encima de cualquier preocupación por la imagen de una institución.
