Redacción NALa derogación de la resolución 118/12 marca un antes y un después en la política de patentes farmacéuticas en Argentina. El Gobierno decidió modernizar el sistema de propiedad intelectual y alinearlo con estándares internacionales, lo que permitirá que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evalúe cada solicitud bajo criterios de novedad, inventiva y aplicación industrial. Con esta medida, se busca abrir el mercado a mayor competencia y facilitar la llegada de medicamentos innovadores.
Las repercusiones fueron inmediatas. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a los laboratorios multinacionales, celebraron la decisión como un paso hacia la seguridad jurídica y la previsibilidad, condiciones indispensables para atraer inversiones y acelerar el ingreso de nuevas terapias al país. Según su visión, Argentina se posiciona ahora como un destino más atractivo dentro de las cadenas globales de investigación y producción.
En contraste, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) destacó que la derogación permitirá combatir las prácticas de “evergreening”, es decir, la extensión artificial de monopolios mediante patentes menores sin mejoras terapéuticas reales. Para los laboratorios nacionales, la apertura a genéricos y biosimilares representa un alivio económico para el sistema de salud y un beneficio directo para los pacientes. De hecho, estiman que el ahorro podría superar los 3.300 millones de dólares anuales, gracias a la reducción de precios y la ampliación de la cobertura.
El impacto en la vida cotidiana de los argentinos podría ser significativo. Los medicamentos genéricos y biosimilares ya demostraron reducciones de precios de hasta el 87,9%, lo que se traduce en tratamientos más accesibles para quienes dependen de obras sociales y prepagas. Al mismo tiempo, la llegada de terapias innovadoras promete mejorar la calidad de atención y ampliar las opciones disponibles para médicos y pacientes.
Desde el Ministerio de Desregulación, la medida fue presentada como un cambio estructural que garantiza que los medicamentos actualmente en el mercado seguirán disponibles sin restricciones ni cobros retroactivos. El mensaje oficial es claro: Argentina busca equilibrar innovación y acceso, asegurando que la salud pública se beneficie tanto de la competencia como de la modernización normativa.
En definitiva, la derogación de las patentes farmacéuticas no solo modifica un marco legal: redefine la relación entre industria, Estado y pacientes. Mientras los laboratorios internacionales ven una oportunidad para invertir y crecer, los nacionales celebran el fin de barreras que limitaban la producción local. Para la sociedad, la promesa es contundente: más medicamentos, más baratos y más innovadores.
