Redacción
La fiscalía le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad, agravada. Los cuales a su vez concurren con la figura de abuso sexual con acceso carnal; en calidad de autor (artículos 54; 92 en función de los arts. 89 y 80 incisos uno y once, 119 tercer párrafo, 142 inciso uno y 45 del Código Penal).
Durante la audiencia Maggiora explicó que el acusado fue beneficiado con una suspensión a prueba por el plazo de dos años, por diversos hechos de coacciones con armas y amenazas, ocurridos en el 2022, en el que, entre otras cosas, se le prohibió cometer un nuevo delito y mantener conflicto con la víctima. En este sentido, y ante este incumplimiento de las reglas de conductas, la funcionaria requirió que se revoque ese beneficio.
Como medida de coerción, la asistente letrada solicitó que se imponga la prisión preventiva por el plazo de tres meses: Aseguró que es la única medida capaz de neutraliza el riesgo de entorpecimiento de la investigación y de resguardar la integridad de la víctima: “conoce todos los movimientos de su expareja y a su entorno; en libertad, podría influir sobre la víctima”, sostuvo Maggiora.
Por último la representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el imputado y la víctima mantuvieron una relación signada por hechos de violencia psicológica, física y sexual.
De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal el hecho ocurrió el 21 de mayo pasado alrededor de las 15, en la ciudad de Junín de los Andes. El imputado abordó a su expareja, quien caminaba por la vía pública. La tomó del brazo y del cabello, y la llevó hasta la vivienda de un familiar. Una vez allí la obligó a ingresar al interior y cerró la puerta con llave, impidiéndole salir. Posteriormente la golpeó y abusó sexualmente de ella.
La jueza de garantías Bibiana Ojeda dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de tres meses. Asimismo dispuso la prisión preventiva pero por el plazo de 10 días. Explicó que durante ese plazo la defensa podrá informar un domicilio que neutralice los riesgos y podrá requerir una prisión domiciliaria.
