El día 27 de enero de 2020, alrededor de las 22:30, un hombre ingresó por una ventana a una casa de Chacra 28 en San Martín de los Andes y se apoderó de una amoladora, un taladro y una notebook. Este hurto fue el primer hecho por el que se lo condenó.

El día 1 de mayo del mismo año, pasada la medianoche, el hombre ingresó a la vivienda de su ex pareja, a unas cuadras del lugar donde robó. Para esto, no sólo violó la medida cautelar que le había sido impuesta unos meses antes, sino que golpeó la puerta de entrada hasta partirla, porque la mujer no lo dejaba ingresar. Una vez en la vivienda, tomó del cuello a la víctima, la llevó hasta una habitación y comenzó a ahorcarla y taparle la boca, con el fin de asfixiarla.
Dado que ante la resistencia de la mujer, que a patadas y gritos intentaba sacarse al agresor de encima y alertar a sus vecinos, el hombre comenzó a buscar cuchillos en el inmueble, mientras insultaba y amenazaba con matar a la mujer y al hijo de ambos.

El desesperado llanto del bebé, que empeoró cuando el violento le comenzó a pegar mientras continuaba con las agresiones hacia la madre de este, terminó por convocar la ayuda de los vecinos, que dieron aviso a familiares de la víctima. La llegada de la hermana de la víctima espantó al agresor, que se retiró voluntariamente rogando no ser denunciado nuevamente.

En este sentido, la fiscal Inés Gerez acusó al hombre por los delitos de hurto, daño, violación de domicilio y amenazas. Además, considerando la cautelar infringida y la violación del aislamiento social preventivo y obligatorio que regía al momento del segundo hecho, también se le sumaron los delitos de desobediencia de una orden judicial y violación a las normas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Por todo esto, tras enumerar la prueba que lo implica, las partes anunciaron el acuerdo de responsabilidad y pena, por lo cual el acusado admitió su responsabilidad en audiencia y accedió a la pena de un año y dos meses de prisión efectiva debatida por la acusación y su defensa.

La pena comenzará a correr en los primeros de abril, cuando el condenado deberá presentarse en comisaría para quedar detenido. Hasta entonces, se prorrogó la prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia la víctima. Durante su detención, el sindicado también deberá someterse a un tratamiento psicológico para superar sus adicciones.