Pablo Campolongo
El comienzo del ciclo lectivo en Neuquén suma un capítulo nuevo y con fuertes condimentos. A la pandemia, los problemas edilicios y la falta de acuerdo con los docentes, se suma la justicia que le ordena al gobierno que haga lo que dijo que iba a hacer.
El lunes 8 de marzo, la jueza subrogante de Villa la Angostura Andrea Di Prinzio Valsagna dio lugar a un recurso de amparo solicitado por un grupo de padres de esa localidad. En el texto que ingresó al juzgado, le exigen al gobierno neuquino que las clases inicien de manera simultanea en todos los niveles y no escalonada.
En un fallo de 15 páginas, la magistrada acepta el pedido, desestima lo propuesto por el Defensor del Niño, la niña y el adolescente y critica fuertemente al gobierno provincial en tanto que ordena al Consejo Provincial de Educación que las clases comiencen de inmediato en todos los niveles, sin alternancia alguna.
La jueza resolvió que el CPE “garantice inmediatamente el inicio del año lectivo 2021 en todos
los ciclos y modalidades dejándose sin efecto el cronograma escalonado que se ordena en la Resolución Nº0036 de fecha 26 de febrero de 2021, debiendo cumplirse la concurrencia presencial a los establecimientos educativos de manera inmediata dentro de las setenta y dos (72) horas de notificada la presente”
En tanto que agrega que se debe cumplir con el protocolo que establece el Ministerio de Salud, “debiendo asegurar el efectivo dictado de clases presenciales en aquellos establecimientos educativos donde se encuentren cumplidas las condiciones edilicias para tal fin. En el caso de aquellos establecimientos donde no se encuentren dadas las condiciones adecuadas para el inicio de las clases presenciales, se deberá asegurar el efectivo inicio de clases en la modalidad “No presencial” o virtual dentro del mismo plazo”.
Por su parte, la magistrada dispuso de una multa de 2.361,36 pesos por cada día que se demore en implementar la vuelta a clases.
Además, la jueza intima al CPE a que en las próximas 48 horas presente un informe del “estado actual edilicio de todos los establecimientos educativos correspondientes como asimismo el resultado y respuesta a la Nota a los Municipios y Comisiones de Fomento, donde se les habría requerido, que arbitren los medios necesarios a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a las tareas inherentes al mantenimiento de los establecimientos escolares”.
Esta tarea también tiene una multa de 2.361,36 pesos por cada día que se demore en responder. Lo que podría sumar casi cinco mil pesos diarios.
La jueza subrogante invoca la Constitución Nacional y la Provincial en su fundamentación, ya que para ella “se da aquí el presupuesto de urgencia en el que se plantea que -el poder ejecutivo
[provincial] y sus órganos de administración- estarían incumpliendo su deber y vulnerándose –en consecuencia, derechos fundamentales … a criterio de la suscripta es totalmente discriminatorio sin fundamento alguno de la igualdad de derechos de las que son titulares y gozan los niños/niñas y adolescentes en general, vislumbrándose incluso una arbitrariedad en la norma ya que delega la organización en cada institución no estableciendo criterios claros de ¿selección? de los niños y adolescentes”.
En el escrito, defiende su postura no como una superposición de poderes, “este pronunciamiento no conlleva una indebida intromisión del Poder Judicial en el diseño y aplicación de políticas públicas a cargo de los otros órganos de poder estatal”. En tanto que critica al CPE, “los escuetos
fundamentos esgrimidos en la Resolución Nº36/21 en los considerandos resultan insuficientes como para sostener el escalonamiento”.
Desde el Gobierno no han dado declaraciones, ya que es una decisión de la justicia, por lo que se espera que esta pelea se dirima en los estrados.
