La legislación, que deberá cumplirse en los próximos 90 días, fue aprobada por mayoría y tras llegar a un consenso entre diversos bloques a partir de un proyecto presentado por Cecilia Maletti (Libres) y Ana Servidio (Frente de Todos).

La ordenanza establece que se deberá generar un Registro Municipal de Aspirantes (RMA), que tendrá carácter abierto, a través del sitio web de la Municipalidad de Neuquén. Además, se deberán "elaborar programas de concientización que tengan como fin remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e igualitaria" y "realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral".

La norma también prevé que el municipio promueva acciones "para que el sector privado de la ciudad incorpore a su planta de empleados personas travestis/trans".

Durante el inicio de la sesión se hizo uso de la "banca del vecino", que fue ocupada por Tatiana Breve, integrante de la organización Conciencia VIHda y trabajadora no docente de la Universidad Nacional del Comahe (UNCo), quien hizo un repaso por los obstáculos y los logros transitados por el colectivo LGBT. Se remontó, por ejemplo, al año 2010 cuando fueron derogados los códigos contravencionales que las criminalizaba.

La militante trans recordó también algunas cifras relativas a la situación educativa y laboral del colectivo trans, cuyo relevamiento fue realizado en el 2017 en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y exhibe el estado de vulnerabilidad de esa población.

Entre otros datos, el informe arrojó que el promedio de vida es de 42 años y que más del 80% no tiene terminado el secundario. La actividad por la cual las personas trans obtienen ingresos es, en su gran mayoría, la prostitución, que es ejercida por el 45% de las personas encuestadas.

"Antes, la única información que teníamos era de cuántas moríamos", afirmó Breve. "Queremos construir ciudades más habitables", pidió.

"Desde el 2012 venimos presentando proyectos para poder ingresar al sistema laboral, teniendo en cuenta la expulsión del sistema educativo, la expulsión de nuestras casas. El cupo llega ocho años después, donde nuestra realidad es otra, donde nuestras urgencias son otras", marcó, y lamentó que, al margen de la aprobación de la ordenanza, "no pensamos que iba a generar tanto odio que un sector accediera a un derecho".

Por último, Breve aseguró que pidieron la modificación del nombre de la "banca del vecino" para que se llama "banca de la ciudadanía". "Esto lo transformamos entre todas, todos y todes. Y cuando es todes, es con las travas adentro", cerró.