Redacción NAEl Senado de la Nación volverá a discutir este jueves uno de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa: la reforma de la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa, incluida dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, reabrió un intenso debate político, económico y geopolítico sobre quién puede adquirir tierras en Argentina y bajo qué condiciones.
La discusión enfrenta dos visiones opuestas. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei sostiene que flexibilizar la normativa permitirá incrementar las inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y fortalecer la seguridad jurídica. Del otro, distintos sectores de la oposición, especialistas y organizaciones sociales consideran que los cambios podrían afectar el control nacional sobre áreas estratégicas vinculadas al agua, los minerales, la energía y las zonas de frontera.
Qué cambia el proyecto
La legislación vigente, sancionada en 2011 como Ley 26.737, establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, porcentaje que también rige para cada provincia y departamento. Además, limita la concentración por nacionalidad y fija restricciones para determinados territorios sensibles.
Tras las críticas recibidas y ante la dificultad para reunir los votos necesarios en el Senado, el oficialismo modificó el texto original. La nueva propuesta mantiene un límite, pero lo eleva al 25% de las tierras rurales en manos extranjeras e incorpora prohibiciones para que Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos puedan adquirir campos en Argentina. También prevé controles especiales para operaciones en zonas de seguridad de frontera.
Los argumentos del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que la normativa actual desalienta inversiones productivas y limita el ingreso de capitales internacionales.
Según funcionarios nacionales, una mayor apertura podría generar inversiones por hasta 15.000 millones de dólares, al tiempo que aseguran que el nuevo esquema mantiene herramientas para impedir adquisiciones por parte de empresas vinculadas a gobiernos extranjeros considerados estratégicamente sensibles.
La postura de quienes rechazan la reforma
Entre las voces críticas aparece el senador nacional Wado de Pedro, quien en una columna publicada por Infobae afirmó que la discusión excede lo económico y pone en juego el control del territorio nacional.
El legislador recordó que Argentina posee recursos considerados estratégicos a nivel mundial, como grandes reservas de agua dulce, litio, petróleo, gas, cobre y extensas superficies productivas. También señaló que, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y del CONICET, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalente a alrededor del 5% del territorio nacional.
En esa línea, sostuvo que numerosos países desarrollados mantienen restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros cuando están involucrados recursos estratégicos o cuestiones de seguridad nacional.
Una votación seguida de cerca
La sesión será clave para definir el futuro de una norma que volvió al centro de la agenda política luego de varios meses de negociaciones.
Mientras el oficialismo busca alcanzar los consensos necesarios tras introducir cambios en el proyecto original, distintos sectores sociales anunciaron movilizaciones en rechazo a la iniciativa, al considerar que la reforma podría ampliar la extranjerización de tierras rurales.
Con posiciones enfrentadas, el debate promete convertirse en uno de los más relevantes del año: para el Gobierno representa una herramienta para atraer inversiones y fortalecer la propiedad privada; para sus detractores, la discusión involucra la administración de recursos naturales y el modelo de desarrollo que tendrá Argentina en las próximas décadas.
Foto: Revista Anfibia
