Redacción NALa Argentina presentó este martes 13 de octubre un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La solicitud se concretó luego de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno nacional había otorgado al Reino Unido para que detuviera las actividades vinculadas con el emprendimiento. Ante la falta de un acuerdo, la administración de Javier Milei avanzó con una nueva instancia jurídica internacional.
Qué reclama Argentina ante el Tribunal del Mar
El pedido contempla la adopción de medidas provisionales para impedir que el proyecto continúe avanzando mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia de fondo.
La presentación se apoya en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permite solicitar medidas urgentes para preservar los derechos de las partes y prevenir daños graves al medio marino.
La decisión no implica una suspensión automática de las actividades. El Tribunal deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde ordenar restricciones mientras continúa el proceso internacional.
Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion
El emprendimiento es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la firma británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
La primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Según los planes empresariales informados, las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027 y el inicio de la producción comercial para el primer trimestre de 2028.
La continuidad de las inversiones y la proximidad de las próximas etapas del emprendimiento forman parte de las razones por las que el Gobierno argentino busca una resolución urgente antes de que avance la explotación.
Una nueva instancia en la disputa por la soberanía
La presentación se enmarca en la estrategia diplomática anunciada por el Gobierno el 28 de septiembre, cuando comunicó el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional previsto en la CONVEMAR.
La posición argentina sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos sobre la plataforma continental y los recursos naturales de la zona. Por su parte, el Gobierno británico defiende las autorizaciones otorgadas para el desarrollo petrolero.
Ahora, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar la solicitud y decidir si corresponde adoptar medidas provisionales. Esa eventual resolución será un paso dentro del procedimiento jurídico y no supondrá, por sí sola, una decisión definitiva sobre la disputa de soberanía.
