Mario JakszynUn nuevo planteo contra el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, ingresó este martes al Concejo Deliberante. El vecino Fabián Sepúlveda formalizó una solicitud de juicio político apenas un día después de que otra presentación de características similares fuera realizada por la vecina Valeria Lopez Oronoz, en ambas coinciden las presuntas irregularidades en el uso de fondos municipales para afrontar facturas de energía eléctrica, aunque el primer pedido también apuntaba a otros temas.
Según explicó el denunciante en diálogo con Radio Fun, la documentación analizada muestra la existencia de numerosos suministros eléctricos abonados por la Municipalidad que corresponderían a domicilios particulares, comercios e incluso instalaciones vinculadas al Ejército Argentino. A su entender, esos pagos no contarían con el respaldo legal necesario ni con una contraprestación que justifique la utilización de recursos públicos.
Entre los casos señalados figura una factura por aproximadamente $5.600.000 pesos correspondiente al medidor N.º 166504, cuyo domicilio figura como Dury 850. Sepúlveda aseguró haber verificado que esa numeración no existe y que en ese sector funcionan una pastelería y una frutería identificadas con el número 860, mientras que las numeraciones cercanas llegan al 836.
De acuerdo con la presentación, ese suministro habría sido incorporado al esquema de pagos municipales mediante el Decreto 1397/2024, firmado por el intendente, que autorizaría destinar hasta 60 millones de pesos anuales para cubrir estos servicios. El vecino sostiene que esa decisión no fue respaldada por una ordenanza ni sometida al tratamiento del Concejo Deliberante.
La denuncia también menciona una nota enviada el 30 de marzo por un teniente coronel al intendente, en la que se solicita asistencia económica para afrontar el costo de distintos medidores eléctricos. Los suministros mencionados corresponden al alumbrado público de la Ruta Provincial 62, el barrio militar, el sector de la cantera y calles internas de ese predio.
Sepúlveda afirmó que no existe una contraprestación debidamente acreditada por parte del Ejército que justifique que el Municipio afronte esos gastos. En ese sentido, indicó que el contralor municipal requirió el 19 de mayo de 2025 información sobre los beneficios que recibiría la comuna a cambio de esos pagos, pero aseguró que ni el Ejecutivo ni el Concejo Deliberante respondieron ese requerimiento.
El denunciante considera que el pago de servicios sin autorización legislativa ni fundamentos suficientes podría configurar un delito contra la administración pública. Explicó que preparó la presentación a partir de expedientes e información recibida el pasado 22 de julio y confirmó que un estudio jurídico de la ciudad de Neuquén trabaja en una denuncia penal que esperaba presentar antes del viernes.
Además, señaló que mantuvo contacto con la vecina que realizó la primera presentación durante la semana. Ambos intercambiaron documentación y resolvieron impulsar denuncias por separado, aunque sustentadas en parte de la misma información.
Finalmente, Sepúlveda aseguró que no persigue objetivos político-partidarios ni aspira a ocupar cargos públicos. Sostuvo que decidió avanzar por la vía institucional porque considera que existen cuestionamientos de vecinos sobre el manejo de recursos municipales que pocas veces llegan a formalizarse mediante denuncias.
Ahora será el Concejo Deliberante el que deberá evaluar la presentación. Según indicó el propio denunciante, el cuerpo tendría cinco días hábiles para convocarlo y analizar la documentación aportada, mientras que en los próximos días también podría concretarse la presentación de la denuncia penal ante la fiscalía.
