Redacción NALa Provincia del Neuquén dio un paso definitivo en la implementación de sus políticas de integridad institucional, al iniciar formalmente los exámenes toxicológicos obligatorios y de carácter sorpresivo dirigidos a los funcionarios públicos de mayor jerarquía. La medida se efectivizó tras la publicación del Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que aprueba el Anexo I con la reglamentación detallada de la Ley 3531 (que impulsó el propio mandatario).
De este modo, la Provincia se convirtió en una de las pioneras a nivel nacional en normar y ejecutar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ocupan los cargos más altos de los tres poderes del Estado.
El mecanismo se inauguró operativamente dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, donde se coordinaron los primeros sorteos aleatorios para determinar qué funcionarios debían presentarse a los laboratorios autorizados. Bajo la estricta premisa de la confidencialidad y la inmediatez, las personas seleccionadas recibieron una notificación formal y dispusieron de un plazo perentorio de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando de esta forma que los operativos cumplan con el factor sorpresa estipulado por el espíritu de la ley. Los primeros controles ya se realizaron.
Cabe recordar que durante 2025 el propio gobernador de la provincia y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron a análisis toxicológicos de manera estrictamente voluntaria para impulsar la iniciativa. Ahora, el nuevo marco normativo establece un carácter de obligatoriedad ineludible. La reglamentación fija que los exámenes médicos constituyen un requisito indispensable para la permanencia en los cargos, alcanzando de manera homogénea a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos.
Sustancias sujetas a detección en orina
El protocolo de screening rápido se realiza mediante muestras biológicas de orina y busca identificar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína y derivados cannábicos (marihuana) opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, así como benzodiacepinas y barbitúricos sin la debida prescripción médica previa.
El rigor metodológico del proceso descansa sobre el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) organismo encargado de administrar trimestralmente los sorteos automáticos que seleccionan al 12,5% del universo total de funcionarios obligados por período. Este diseño garantiza que a lo largo del año calendario la totalidad del plantel jerárquico del Estado comprendido por la Ley 3531, sea evaluado bajo estrictas condiciones de azar y transparencia.
Garantías del proceso, sanciones y financiamiento
En cuanto a las garantías del proceso, el Anexo I del Decreto 234/2026 establece que ante un resultado preliminar positivo, el funcionario dispone de la facultad de realizar un test confirmatorio utilizando una segunda muestra de resguardo debidamente lacrada. Por otra parte, quienes se encuentren bajo tratamientos farmacológicos específicos deben adjuntar la prescripción e historia clínica correspondiente dentro de las 48 horas posteriores al examen.
Es importante destacar que la normativa es sumamente estricta respecto al cumplimiento: la negativa injustificada o la no presentación dentro de las 24 horas estipuladas se considera automáticamente como un resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción pertinentes. Asimismo, el costo de los análisis clínicos no es absorbido por el erario público; el monto correspondiente es debitado de manera directa de los haberes mensuales del funcionario evaluado.
Para supervisar la transparencia general del sistema, resolver las controversias técnicas y dictaminar ante eventuales resultados positivos confirmados, la reglamentación dispuso la creación de la Comisión Evaluadora Interpoderes. Este cuerpo técnico independiente está conformado por un representante de la salud laboral o pericial médica de cada una de las tres funciones estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Con este andamiaje legal y operativo en marcha, Neuquén consolida una normativa orientada a afianzar la ética pública, el correcto desempeño de las funciones de gobierno y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
