La disposición permite a clubes, bibliotecas, centros de jubilados, bomberos voluntarios, cooperadoras y asociaciones de fomento rural, entre otros, formalizar su creación y funcionamiento.
Actualidad24/02/2025
Redacción
El Gobierno provincial habilitó una nueva herramienta técnica y legal que permitirá a las asociaciones civiles tramitar su acta constitutiva y Estatuto en la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. La disposición N°12/2025 habilita una alternativa a la escritura pública; una medida innovadora, que representa una nueva opción para regularizar y formalizar su funcionamiento.
El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), en su artículo 168, establece que las asociaciones civiles deben formalizarse a través de un acto constitutivo en instrumento público. Complementariamente, el artículo 289 enumera los instrumentos públicos, incluyendo aquellos extendidos por funcionarios públicos que cumplan con los requisitos legales pertinentes. “El cambio radica en el reconocimiento de la competencia legal y atribuciones del gobierno provincial para el otorgamiento de la personería jurídica”, explicó el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi y agregó que “con esta alternativa sólo se abonan las Tasas de Autorización y la Tasa General de Actuación, que suman un total de 19.900 pesos”.
Por otro lado, se puso de relieve que la medida fue tomada como parte del Plan de Regionalización impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. “Esta opción busca llegar a cada rincón de nuestra provincia, ofreciendo la alternativa, sobre todo, en aquellas localidades donde la oferta de profesionales no es tan amplia”, expresó Grandi y añadió: “Desde el gobierno creemos que es una herramienta muy valiosa para las asociaciones que hasta el momento no habían podido regularizar su situación y que, a la vez, les permitirá realizar otro tipo de gestiones y beneficios; por ejemplo, tener acceso crediticio. Además, promueve la participación ciudadana”.
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El Gobierno provincial se manifestó sobre la nueva decisión del gobierno nacional, al considerar que la medida interpone el criterio comercial por sobre el sanitario y no da seguridad sobre la baja del precio de la carne en mostrador.
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