Mediante una audiencia que fue solicitada para ampliar y precisar las circunstancias del modo y lugar en los que se cometieron los hechos, se pidió además para solicitar la extensión por un mes de la prisión preventiva y el plazo de la investigación.

Bagnat argumentó en su pedido que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales se fijó la medida cautelar anteriormente: la existencia de riesgo para la integridad física de la víctima y testigos, y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El delito que la fiscalía le atribuyó al acusado es abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, perpetrado en forma continuada, en calidad de autor (artículo 119 cuarto párrafo inciso f, en función del artículo 119 tercer párrafo del Código Penal).

Tanto el querellante particular como el defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente, quienes intervienen en representación de la víctima y su familia, adhirieron al pedido de la fiscalía en todos sus términos.

La teoría del caso de la fiscalía es que, P.A.C, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas, entre el 19 de septiembre de 2019 y octubre de 2021, en una vivienda ubicada en un paraje cercano a la localidad de San Martín de los Andes. El acusado cometió los abusos utilizando violencia física y aprovechando la situación de convivencia. Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y se le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE).

El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia hizo lugar al pedido de la fiscalía y dio por reformulados los cargos. También, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva por un mes y el mismo plazo para la investigación.