El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Winkelman cuenta cómo llegaron a la información analizada por la cual se hizo la denuncia: ''La primera parte del informe de la contalora municipal fueron datos numéricos con cantidad de horas computadas y dinero que el municipio se comprometió a abonar, y la segunda etapa fue lo legal, en qué se ampararon para tomar la decisión de realizar estos pagos. En esa segunda parte, se presenta el Acta Nº 6 y luego un anexo con las Actas Nº 7 y 8. Le encargamos al asesor legal, el abogado Jorge Fernandez, que realice un trabajo para elevar esta documentación más las consideraciones propias del Concejo Deliberante al Tribunal de Cuentas de la provincia del Neuquén para que tome intervención, y cuando el Dr. Fernandez hace la cronología de los hechos se encuentra con esta situación sorpresiva, que habla de incorporar datos falsos en documentos públicos, del Acta Nº 7 con fecha 3 de junio, y que hace referencia a decisiones de un decreto de 52 días después. Esto nunca pudo haber pasado, eso habla de una adulteración de los datos y en términos de la administración publica, es un delito''.

Llegada dicha información, explica cómo fueron los pasos siguientes: ''En función de eso el lunes nos juntamos en el Concejo Deliberante con los concejales. Quería tratar de circunscribir la situación que es muy delicada. Esto no es una disputa entre partidos políticos, no estamos discutiendo una interna partidaria sino que es un problema institucional. Lo mejor es encararlo con la participación del los 3 bloques que integran el cuerpo. Tomamos la decisión de avanzar en la presentación en la justicia para que termine de dilucidar si lo que nosotros entendemos que es una violación a las buenas prácticas administrativas, es un delito o no. Esta decisión fue acompañada por la mayoría de los concejales''.

Sobre las responsabilidades con respecto a dichos datos incongruentes, expresa: ''Hay que dejar claro que hay 6 personas, 3 del Ejecutivo municipal y 3 de la comisión interna del gremio, que participan en la confección del acta, la responsabilidad está ahí, que incorporan datos falsos, y que luego envían el acta para su homologación. De todos modos la justicia es la que tiene que meritar y delimitar las responsabilidades. Para preservar la figura del intendente puede haber pasado que haya firmado la homologación sin haber leído las actas, te diría que es un acto hasta de buena fe política, si estaba al tanto o no. Es un tema que deberá determinar la justicia. Pero los firmantes del acta y conscientes de la situación, modificaron los datos, son los principales responsables de la situación''.

Además manifiesta: ''Nadie está contento con la situación. Estamos en funciones públicas administrando dinero de la comunidad y nos regimos por leyes, por algo que se dice burocracia. Las normas hacen que el poder de cada uno de nosotros esté acotado. La gente con su dinero particular puede hacer lo que quiere, pero en este caso hay normas y procedimientos que hay que respetar. Cuando uno toma medidas que implican dineros públicos hay que hacerlo con sumo cuidado. Para disponer están las normas y los procedimientos, que nos marcan lo que podemos y no podemos a hacer. Este pago extraordinario no está dentro de ninguna norma ni dentro de la ley de contrato de trabajo, es una situación extraordinaria, y estamos convencidos que se podía haber analizado en conjunto entre los dos poderes y de la misma manera que en otras instancias de instituciones nacionales o provinciales se otorgaron compensaciones a personas que estaban poniendo el cuerpo, se podría haber hecho aquí a través de un bono, pero pero que necesitaba una norma legal que lo respalde. Uno en la administración pública no es dueño del dinero, son recursos públicos que uno sólo tiene que administrar y para eso hay que dar estricto cumplimiento con las normas''.