En todos los casos se aplicarán alícuotas en escalas ascendientes. En el caso del gravamen a las grandes fortunas, la tasa prevista será del 5% sobre patrimonios que superen los 100 millones de pesos, un 7,5% en caso de encontrarse por encima de los 600 millones, un 10% si el patrimonio supera los 3 mil millones y un 15% para aquellos casos donde el valor declarado excede los 50 mil millones de pesos.  

La iniciativa sostiene que este aporte se realizará por única vez y permitirá generar los recursos necesarios para disponer de un Fondo Especial de Emergencia Provincial para que el Estado neuquino destine recursos a la compra de material sanitario, contratación de personal esencial para cubrir vacantes en el sistema de Salud, asistir a los sectores más vulnerables con la incorporación de un salario mínimo de 30 mil pesos que funcione durante la cuarentena y la posibilidad de destinar recursos para construir 10 mil viviendas sociales para disminuir el déficit habitacional que padece la provincia.     

En el plano impositivo, aclara que a las “Altas Rentas” se aplicará por única vez a los beneficios empresariales y de rentas de capital que superen los 65 millones de pesos. Para ello, dispone un esquema ascendente que aplica alícuotas del 10%, 15% y 20% según el grado de ganancias acumuladas en el período fiscal: más de 65 millones en el primer caso, superior a los 500 millones en el segundo y excedentes por mil millones en el tercero.

A la vez, se aplicará una alícuota del 5% en concepto de impuesto a la gran propiedad de la tierra en superficies mayores a las 5 mil hectáreas o en aquellos casos en los cuales el valor catastral de la misma supere los 600 millones de pesos. En tanto, el gravamen a las viviendas ociosas se aplicará a bienes inmuebles que no hayan sido habitados en los últimos 12 meses y cuyo valor fiscal supere los 30 millones de pesos.

En sus fundamentos, el proyecto recuerda que el Tesoro provincial se encuentra en una crisis por la caída de la recaudación. Este dato impacta de manera significativa en el tejido social de una provincia donde el 50% de la niñez y la adolescencia, así como sus familias, viven en la pobreza. A ello agrega que el 40% de los trabajadores se encuentran precarizados y la desocupación ronda el 10%. 

Es por ello que la iniciativa aboga por implementar en forma inmediata y extraordinaria este tipo de medidas impositivas para evitar una escalada mayor en la catástrofe social y económica que recaerá con mayor fuerza sobre los más vulnerables.