La Defensoría del Pueblo exige un plan urgente para reparar los baches en San Martín de los Andes

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes emitió una recomendación formal dirigida al intendente Carlos Saloniti, con copia al secretario de Obras Públicas, Héctor Durán, y a la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, para reclamar medidas urgentes frente al deterioro de calles y caminos bajo responsabilidad municipal.

En el documento, el organismo sostiene que el estado de la red vial representa una "falla sistémica de la administración" y solicita la implementación inmediata de acciones preventivas para reducir los riesgos que enfrentan diariamente conductores, ciclistas, motociclistas y peatones.

Entre las principales recomendaciones, la Defensoría pidió que el Municipio señalice de manera urgente los baches más peligrosos hasta tanto puedan ser reparados de forma definitiva. Además, reclamó la puesta en marcha de un plan integral y permanente de bacheo, acompañado por un cronograma de trabajo que sea informado tanto a la Defensoría como al Consejo de Juntas Vecinales y, por su intermedio, a cada barrio.

El organismo recordó que el deterioro de la calzada no puede atribuirse únicamente a las condiciones climáticas del invierno, ya que los problemas se mantienen desde hace tiempo y los arreglos parciales realizados hasta el momento "resultan inocuos", debido a que los materiales vuelven a desprenderse tras las primeras precipitaciones.

En ese sentido, señaló como ejemplo el estado de la avenida Koessler, donde existen sectores con baches de gran tamaño que, según advirtió, ni siquiera cuentan con señalización preventiva, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente cuando los pozos quedan ocultos por el agua de lluvia o la nieve.

La recomendación también recuerda que el Municipio cuenta con herramientas normativas y recursos específicos destinados al mantenimiento vial. En ese marco menciona la Ordenanza N.º 14.591/24, que declaró la Emergencia Vial y del Transporte Público con el objetivo de mejorar la red urbana, y su prórroga mediante la Ordenanza N.º 15.557, aprobada en abril de este año, que extendió por 24 meses la denominada "tasa vial" para financiar el sistema de transporte y la conservación de las calles.

Asimismo, hace referencia a la Ordenanza N.º 11.888, que creó un Fondo Específico para Equipamiento Vial. Si bien reconoce que parte de esos recursos permitieron ejecutar obras como la pavimentación de calle Los Pinos, sostiene que hasta el momento no se logró consolidar un programa sostenido de mantenimiento preventivo y correctivo.

La Defensoría aclaró que su función no es diseñar ni ejecutar políticas públicas, sino controlar el accionar de la administración y formular recomendaciones cuando detecta afectaciones a los derechos de la comunidad. En este caso, consideró que la falta de un plan sistemático de conservación de las calles pone en riesgo la integridad física de las personas y sus bienes.

Finalmente, el organismo recordó que, de acuerdo con los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Estado municipal, como titular y guardián del dominio público de las calles, tiene una responsabilidad objetiva sobre su mantenimiento y conservación, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas mientras se ejecutan las reparaciones definitivas.