El Municipio intentó explicar la deuda con el EPEN, pero dejó más interrogantes que respuestas

Después de varios días de cuestionamientos públicos por la deuda que mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y por la cantidad de medidores de electricidad a nombre del Municipio, el Ejecutivo de San Martín de los Andes difundió un extenso comunicado con el objetivo de aclarar la situación.

La intención era responder las dudas de la comunidad. El resultado, sin embargo, parece haber sido más una explicación administrativa que una respuesta de fondo.

Según el documento oficial, el origen del problema se remonta a un convenio firmado en 2006 entre la Municipalidad y el EPEN, mediante el cual se implementó un sistema de compensaciones entre el consumo eléctrico municipal y distintos conceptos vinculados al alumbrado público y la infraestructura eléctrica. Durante años ese mecanismo habría funcionado sin generar deuda y recién en 2025 comenzó a mostrar un fuerte desequilibrio producto del incremento de las tarifas eléctricas y del crecimiento de la ciudad.

El Municipio sostiene que la deuda pasó de no registrar saldo en 2023 a casi 299 millones de pesos al cierre de 2024 y alcanzó los 675 millones de pesos al finalizar 2025,  y llegó a mediados de 2026 a mas de 1700 millones, situación que derivó en un acuerdo de pago en 24 cuotas con la empresa provincial que terminará superando los 2400 millones .

Hasta allí, la explicación parece razonable.

El problema aparece cuando el comunicado intenta responder por qué existen tantos medidores a nombre del Municipio.

La respuesta oficial enumera una larga lista lógica de plazas, gimnasios municipales, centros comunitarios, bicisendas, edificios públicos, bombeos de agua, barrios, espacios recreativos e incluso instalaciones vinculadas al Ejército, al Hospital Modular y al ex Hotel Sol, entre muchos otros.

Pero la explicación se queda en el listado.

No se detalla cómo quedaron los consumos que no son de injerencia municipal bajo la responsabilidad de pago con fondos municipales, quién tomó esas decisiones, cuándo ocurrió cada incorporación ni cuáles fueron los acuerdos firmados con otras instituciones.

En varios pasajes del comunicado, la respuesta oficial se limita a señalar que determinadas situaciones se dieron "en cumplimiento de una ordenanza" o que forman parte del convenio vigente desde 2006. Sin embargo, no identifica el origen político o administrativo de esos acuerdos ni explica por qué el Municipio terminó pagando consumos que, en algunos casos, corresponden a organismos o servicios que no dependen directamente de la administración municipal.

Es decir, la explicación jurídica aparece; la explicación política, bastante menos.

También se informa que durante 2022 el Municipio asumió el pago de los medidores correspondientes a los bombeos de las plantas de tratamiento de agua administradas por la cooperativa, argumentando que se trataba de garantizar un servicio esencial. No obstante, el comunicado tampoco profundiza en cómo se formalizó aquella decisión, ni por qué esa situación se mantuvo en el tiempo.

Otro aspecto llamativo es que el propio Municipio reconoce que actualmente continúa realizando un relevamiento de los medidores y promete que la información completa será difundida cuando finalice ese trabajo. Mientras tanto pagó, paga y pagará (con el compromiso asumido) consumos de los cuales desconoce el origen y que recién ahora está relevando. Es decir, el comunicado busca despejar dudas mientras admite que todavía no cuenta con el detalle definitivo de aquello que intenta explicar.

En definitiva, el Ejecutivo asegura haber identificado las causas financieras de la deuda y anuncia que la renegociación con el EPEN ya está resuelta mediante un plan de pagos con importantes intereses de financiación. Sin embargo, el documento deja abiertas muchas de las preguntas que originaron el debate público: ¿por qué determinados medidores quedaron a nombre del Municipio?, ¿qué acuerdos dieron origen a esa situación?, ¿quiénes los impulsaron?, ¿qué organismos solicitaron esas conexiones? y, sobre todo, ¿por qué un esquema que funcionó durante casi dos décadas terminó generando una deuda de semejante magnitud sin que nadie advirtiera el desequilibrio antes y nos enteramos todos cuando la deuda es multimillonaria y no tenemos cómo pagarla?

Quizás la mejor síntesis del comunicado sea una paradoja: dedica varias páginas a explicar que todo ocurrió "por ordenanza", pero pocas líneas a explicar cómo y por qué se llegó a cada una de esas ordenanzas. Porque una norma puede decir que algo está autorizado; lo que la comunidad espera conocer es quién decidió que fuera así y cuáles fueron las razones detrás de esas decisiones.