Redacción NALa Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes presentó una dura denuncia contra el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Efluentes 1 y 3, y reclamó de manera “perentoria” la ejecución de obras y medidas de contingencia para frenar el deterioro ambiental en la cuenca Calvuco–Pocahullo–Lácar.
El documento, dirigido al intendente Carlos Saloniti, al Organismo de Control Municipal, a la Cooperativa de Agua y a distintos organismos provinciales y nacionales, sostiene que desde hace años existen advertencias sobre el estado crítico del sistema cloacal sin que se hayan implementado soluciones de fondo.
Entre los puntos más alarmantes, la Defensoría denunció el uso “sistemático” de maniobras de by-pass, una práctica mediante la cual líquidos cloacales son descargados sin tratamiento adecuado hacia cursos de agua. Según el informe, esta situación genera contaminación bacteriológica masiva y afecta directamente al arroyo Calvuco, al Pocahullo y finalmente al Lago Lácar.
Además, se detalló que la infraestructura actual presenta graves deficiencias: equipos obsoletos, ausencia de mantenimiento, falta de grupos electrógenos de respaldo y carencia de sistemas de pretratamiento en la Planta 3. También se advirtió sobre conexiones clandestinas de pluviales a la red cloacal, lo que provoca sobrecarga en días de lluvia y aumenta el riesgo de colapso.
El escrito remarca que existen sectores urbanos donde vecinos, turistas, niños y mascotas podrían entrar en contacto con aguas contaminadas sin ningún tipo de señalización preventiva. Incluso advierte sobre posibles efectos acumulativos en el ecosistema lacustre, como proliferación de cianobacterias y procesos de eutrofización.
La Defensoría también sostuvo que las plantas incumplen parámetros establecidos por normativas provinciales y municipales, especialmente en materia bacteriológica. En ese sentido, recordó que el EPAS ya había ratificado en 2024 que la Planta 3 no cumplía con los límites legales de vuelco.
Ante la gravedad del escenario, el organismo anunció que dará intervención a autoridades ambientales provinciales, nacionales y a la fiscalía ambiental para evaluar responsabilidades y eventuales acciones sobre una problemática que consideran estructural y de larga data.
