Mario Jakszyn
La Edil del PRO ingresó al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes un proyecto de ordenanza que propone dejar sin efecto el artículo 74 de la Tarifaria 2026, normativa que establece la denominada “Tasa por Promoción de las Artes”. La iniciativa fue impulsada por la concejal del PRO, quien argumenta que el tributo presenta inconsistencias jurídicas y excede las competencias municipales.
Según el texto presentado, la tasa alcanza a prestadores del servicio de internet, obligándolos a realizar un aporte económico cuyos fondos son destinados a la promoción de actividades culturales. Sin embargo, el proyecto señala que este esquema contradice la naturaleza propia de las tasas, ya que no existe una contraprestación directa, concreta e individualizada hacia los contribuyentes, condición que ha sido reiteradamente establecida por la jurisprudencia.
Uno de los ejes centrales del planteo radica en que el servicio de internet forma parte de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), un ámbito regulado a nivel nacional. En ese sentido, se advierte que la normativa local interfiere en facultades federales, especialmente al impedir que las empresas trasladen el costo del tributo a los usuarios, lo que implicaría una restricción no contemplada en la legislación vigente.
El proyecto también pone el foco en posibles vulneraciones a principios constitucionales. Entre ellos, menciona la afectación a la libertad de comercio, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, al imponer una carga específica sobre un sector para financiar actividades que benefician al conjunto de la comunidad. Además, se cuestiona la falta de criterios claros para determinar el monto del gravamen, el cual se calcula en función de la cantidad de clientes de cada empresa, sin vinculación con un servicio concreto.
Otro de los argumentos expuestos refiere a la posible incompatibilidad con el régimen de coparticipación federal, al considerar que la tasa podría asimilarse a un impuesto encubierto, dado que no responde a un servicio efectivamente prestado.
En este contexto, la iniciativa propone avanzar con la derogación del artículo en cuestión, con el objetivo de adecuar la normativa local a los principios constitucionales y a la distribución de competencias entre los distintos niveles del Estado. El expediente será analizado en la Comisión de Economía y Hacienda para su tratamiento legislativo.
