El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra María Angélica Espinosa por habilitar un vertedero a cielo abierto sin autorización ni estudios ambientales. La obra habría afectado directamente a una estancia vecina y violado normas provinciales y nacionales.
Actualidad12/08/2025
Redacción NA
En una audiencia realizada el día lunes en Zapala, el fiscal jefe Maximiliano Briede Obeid y la asistente letrada Julieta González acusaron formalmente a María Angélica Espinosa, exintendenta de Las Lajas, por haber abierto y operado un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el vertedero fue instalado en un predio ubicado a cinco kilómetros de la ciudad, sin autorización del Concejo Deliberante ni intervención de la Secretaría de Ambiente. Tampoco se habrían realizado estudios de impacto ambiental, lo que implicaría una violación a leyes provinciales, nacionales y a la Constitución de Neuquén.
La obra incluyó el desmonte de vegetación nativa y la excavación de cuatro cavas de aproximadamente dos metros de profundidad, donde se habrían arrojado residuos sólidos urbanos y restos de faena animal sin cobertura ni compactación. El predio no contaba con cerramiento ni control de acceso, y colinda con una estancia que, hasta entonces, no presentaba afectación ambiental.
Los representantes del MPF sostuvieron que la disposición irregular de residuos provocó daños directos en la pastura utilizada para la cría de animales, obligando a la estancia vecina a interrumpir esa actividad. Además, señalaron que en la localidad ya existía un vertedero habilitado para la disposición final de residuos.
Por estos hechos, Espinosa fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de daño, ambos en carácter de autora, según los artículos 183, 248 y 45 del Código Penal.
El abogado querellante particular que representa a la denunciante del caso adhirió a la formulación de cargos, pruebas y calificación legal presentada por el MPF.
El juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de dos meses para concluir la etapa de investigación.
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