La jueza de garantías Laura Barbé rechazó una solicitud de modificar la prisión preventiva, ordenada el 8 de junio por un plazo de cuatro meses. El pedido lo realizó la defensa del acusado, quien pretendía morigerar la medida de coerción, y que J.O.L. cumpla prisión domiciliaria en la casa de su hermana.
04/07/2025
Mario Jakszyn
La magistrada, que había dispuesto la medida en la audiencia de formulación de cargos, explicó que “la cuestión de los riesgos procesales ya fue debatida y están vigentes, no hay modificación alguna”, y que es inviable que el imputado cumpla la medida en la casa de las personas a las que “contactó inmediatamente después del hecho para pedirles auxilio, no sería posible que brinden confiabilidad para realizar la función que se les pide”.
“Se trata de un hecho gravísimo”, manifestó, y aclaró que “la prisión preventiva no es un anticipo de pena, sino que es una medida prevista para cautelar riesgos”. En ese sentido, explicó que por la información provista, “no hay stock para colocar una tobillera electrónica”.
De acuerdo al planteo del defensor, la prisión preventiva “no puede funcionar como anticipo de pena, sino para proteger el proceso penal, y hoy existen alternativas menos lesivas disponibles”. También mencionó que en la comisaría 25, donde cumple la medida, en los últimos días no funcionó correctamente la calefacción, “vulnerando la dignidad humana”.
Hernán Scordo, fiscal del caso, advirtió que se trata de dos delitos graves, como un femicidio y un intento de homicidio, cuya víctima era amigo de Mena y estuvo presente en la audiencia. Y también recordó que después de los hechos, el imputado se fue del lugar. “Si hoy se va con domiciliaria podría profugarse”, afirmó.
“Cuando se evalúa el posible cumplimiento de una prisión domiciliaria, debemos tener en cuenta la voluntariedad de respetar un confinamiento, y en ese punto la fiscalía lleva razón en que no sería factible esa medida con el pronóstico que hace en relación a la conducta posterior a los hechos investigados”, sostuvo Barbé.
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