Redacción
En diálogo con el periodista Jorge Lanata, Capiet explicó que el proyecto buscaba poner en marcha controles sobre estas plataformas, ya que eran permisivas en lo que respecta a la publicación de alojamientos y no registraban información de los pasajeros, lo que podía dar lugar a situaciones problemáticas, como delitos.
"Creemos que debemos fiscalizar la demanda y controlarla. El problema es tan grande que hay personas que se ven obligadas a marcharse porque no consiguen vivienda. También vamos a comenzar las inspecciones a través de las redes sociales. A través de este inspector virtual, garantizaremos que se registren a los pasajeros y sepamos quién realiza la oferta. En definitiva, queremos normalizar todo el sistema. La primera sanción, lógicamente, será para aquel que no esté registrado. La forma de detectarlo será a través de las redes y las plataformas.
Lo que queremos es que aquel que alquile sea un responsable inscrito en los impuestos nacionales, provinciales y municipales, lo que nos permitirá sumarlo a la oferta que promocionamos ante el mundo como ministerio. No buscamos destruir un mercado, queremos que quien realice la oferta tenga las mismas responsabilidades que aquel que está habilitado. Lo que pretendemos de la plataforma es que informen el número de registro.", sostuvo Capiet.
Además, se había observado una disminución drástica en la oferta de alquileres permanentes, lo que estaba afectando a personas que no podían encontrar vivienda y se veían obligadas a abandonar la zona. El gobierno pretendía regularizar la situación de los alquileres temporales y asegurar que el personal que prestaba servicios estuviera correctamente encuadrado laboralmente.
"En San Martín de los Andes, realizamos un relevamiento sobre la oferta que aparece al realizar una búsqueda en redes sociales y nos arrojó más de 1200 resultados de oferta. De esos, menos de 200 establecimientos estaban inscritos. Creemos que al menos el 50% del mercado turístico está fuera del sistema", aseguró el Ministro.
El proyecto de ley contemplaba la obligatoriedad de que todos los alojamientos estuvieran registrados, así como la figura de un "inspector virtual" que podía intimar a los propietarios cuando detectara oferta no registrada. También se planeaba exigir a las plataformas digitales que incluyeran un campo para el número de inscripción en el registro, para facilitar el control y brindar seguridad a los turistas.
Se establecerían sanciones, como apercibimientos, multas e incluso la posibilidad de inhabilitar temporal o permanentemente los alojamientos que incumplieran con las obligaciones establecidas en la ley.
