El pedido se dirige al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y consulta en detalle por los motivos por los que no se abonaron las facturas emitidas por la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos desde agosto de 2020 a la actualidad vinculadas a la provisión de agua a la comunidad en cuestión. A la vez, pregunta si se prevé la implementación de algún plan para regularizar dicha deuda, que al día de la fecha asciende a la suma aproximada de ocho millones de pesos.

La iniciativa solicita, además, que el gobierno provincial incluya una partida presupuestaria específica en el presupuesto general 2023, y que se mantenga en los siguientes ejercicios financieros, a fin de que el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo afronte los pagos mensuales en concepto de la provisión del servicio de agua potable prestado por la cooperativa a la comunidad mapuche Curruhuinca del paraje Puente Blanco de manera regular.

Los fundamentos retoman los antecedentes que originaron la firma de distintos convenios entre el ejecutivo provincial, el municipio y la cooperativa para garantizar el servicio de agua potable para la comunidad mapuche Curruhuinca del paraje Puente Blanco. Sin embargo, los pagos correspondientes de la cartera de Desarrollo Social no se han realizado, a tal punto que en el año 2018 intervino la Defensoría del Pueblo y del Ambiente para lograr que se pagara una nueva deuda acumulada.

“La situación actual, de acuerdo a lo comunicado por la Cooperativa de Agua, afecta gravemente el normal desarrollo de sus tareas y, por ende, la prestación de estos servicios básicos y esenciales” entienden los diputados y las diputadas de JC.

El proyecto de resolución (15766) ingresó por Mesa de Entradas el 1° de noviembre con la firma de Luis Aquín, César Gass, Ayelén Quiroga y Leticia Esteves.