Uno de los pedidos se dirige al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia en tanto cartera de la que depende uno de los funcionarios denunciados. Las legisladoras buscan conocer las medidas que se tomaron para resguardar a las personas denunciantes de situaciones de acoso, abuso sexual y abuso de poder ejercidas por el entonces Subsecretario de Diversidad contra trabajadores del organismo. A la vez consulta cuáles fueron las sanciones que recayeron sobre el funcionario, cómo es el protocolo a aplicar en casos de violencia por motivos de género dentro del ámbito laboral y cuál es el que se aplica ante denuncias, por parte de personas ajenas a la misma, hacia funcionarios de la cartera.

Las legisladoras recuerdan que, días atrás, trabajadores de la Subsecretaría de Diversidades, dependiente del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, denunciaron al Subsecretario de Diversidades por acoso, abuso sexual y abuso de poder. Como respuesta, la cartera dictaminó una “simple sanción de 45 días de licencia para el funcionario denunciado”, sostienen las diputadas, quienes aseguran que “es de suma importancia que el Estado tome medidas concretas e inflexibles frente al atropello dentro de una institución que debería ser ejemplo de inclusión y contención de una comunidad históricamente vulnerada”. Agregan que resultan injustificables las declaraciones posteriores del responsable del área, sosteniendo que las acciones denunciadas resultan “algo común dentro de la comunidad LGBTIQ+”.

El otro pedido de informe se dirige al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y solicita información sobre las medidas adoptadas frente a la denuncia de acoso y abuso sexual por parte de una trabajadora hacia el Subsecretario de Trabajo. A la vez, consultan por la aplicación de la denominada Ley Micaela (3201), de capacitación obligatoria sobre género para agentes del Estado, al interior del organismo en cuestión.  

En particular, las diputadas del FT preguntan por las medidas que se tomaron para resguardar a las personas denunciantes de situaciones de acoso y abuso sexual de público conocimiento que involucran al Subsecretario de Trabajo;  las sanciones que recayeron sobre el funcionario denunciado y el protocolo que se aplica al interior de la cartera en el marco de las leyes 2785 y 2786, para casos de violencia por motivos de género. Finalmente, consultan por la cantidad de funcionarios y trabajadores de la cartera que han recibido la formación en el marco de la Ley Micaela.

Los fundamentos indican que la demora en la toma de medidas de resguardo a las víctimas y de sanción al funcionario, implican “una burla a la sociedad neuquina que ha luchado históricamente y plasmado en sus leyes la necesidad de la erradicación de todo tipo de violencias así como del respeto e igualdad real entre géneros”. Más adelante exigen “avanzar con medidas que garanticen el igual trato entre géneros dentro de nuestra sociedad tiene que ser una prioridad y dar el ejemplo en las estructuras del Estado”.