
La advertencia formal, emitida el 8 de septiembre, se produce tras un año y medio de pedidos ignorados sobre asuntos claves de la administración.
La Senadora Lucila Crexell exigió transparencia en los datos que se deben aportar al legislativo nacional, referidos al accidente. Apunta a saber qué acciones realizó la empresa y al rol del estado.
Actualidad22/12/2021El viernes 10 de diciembre sucedió una catástrofe ambiental en la provincia de Río Negro. Se produjo un derrame de petróleo de grandes dimensiones, producto de la rotura de un ducto troncal de la empresa Oldeval S.A.
Como aún no están determinadas todas las causas, la Senadora por Neuquén Lucila Crexell, realizó una presentación formal para solicitar que se informe al Senado. La edil pide saber las consecuencias, medidas de remediación y eventuales sanciones. Pero, además recordó que, a partir de la adhesión de Argentina a un pacto internacional, se deberá garantizar el derecho del público de acceder a toda la información ambiental que está en su poder del Estado, bajo su control o custodia, “de acuerdo con el principio de máxima publicidad”.
En el texto, ingresado de manera formal la semana pasada en el Senado de la Nación, se advierte que cualquier persona tiene derecho a “solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita”
Pidió que se informe sobre las acciones que llevará a cabo para contener, prevenir y sanear el derrame, y además requirió que se detallen las causas que originaron el incidente, cuántas hectáreas fueron afectadas, y las medidas de remediación ejecutadas.
Crexell recordó a las autoridades, que el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, que se firmó en una ciudad homónima de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Se trata de un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe -y el primero en el mundo-, en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Es por esto que la Senadora por Neuquén, aclaró que “cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones”.
Una de las finalidades de estos mecanismos de transparencia, es que “los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta”. Por último, aseguró que “Medanito es la principal zona productiva de Río Negro, pero además el incidente ocurrió en un sector en donde el sistema ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde los yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta”.
La advertencia formal, emitida el 8 de septiembre, se produce tras un año y medio de pedidos ignorados sobre asuntos claves de la administración.
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