La nota emitida detalla la situación de deterioro que tienen cada uno de los establecimientos educativos mencionados y el exponencial crecimiento de la matrícula a lo largo de años, lo que hace muy compleja y riesgosa la tarea de dar clases:

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, con la misión de proteger y promover el cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos y otros derechos e intereses individuales, colectivos y difusos de los vecinos y vecinas de esta ciudad, solicita a Ud. arbitre con urgencia lo medios para dotar de adecuadas instalaciones a instituciones educativas con asiento en este Distrito, que a la fecha llevan décadas de reclamos por la precariedad de sus espacios, cuales son el Instituto Superior de Formación Docente N° 3, el CFP N° 19 y el CIART N° 5.

Resulta sorprendente que esta misma Defensoría haya advertido a Ud. con fecha 10 de abril de 2017 por Carta Correo Argentino, que el ISFD N°3 ya por entonces estaba en colapso con una población educativa de 500
personas, y que a la fecha, ya con una población de 900 personas, esté en iguales o peores condiciones que entonces.

Hoy, el Instituto local recibe a alumnos y alumnas de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Pehuenia, Aluminé, Piedra del Águila, el Maitén (Río Negro), entre otras localidades.

Según se informa a esta Defensoría, la obra del edificio del ISFD N°3 se licitó en 2019 quedando trunco el procedimiento de adjudicación, pero a dos años vista parece haber transcurrido suficiente tiempo para reordenar el procedimiento, toda vez que los problemas en las actuales instalaciones se agudizan.

En efecto, el gobierno colegiado de la Educación en la Provincia del Neuquén y las instancias consecuentes del Poder Ejecutivo Provincial han previsto para el presente ejercicio partidas presupuestarias del orden de los
26.000.000 de pesos, a fin de dotar al ISFD N°3 del esperado nuevo edificio, pero a la fecha la comunidad educativa local ignora si se ha avanzado en el nuevo proceso licitatorio. Tal ausencia de información resulta inexplicable al calor de los padecimientos de la población educativa del ISFD N°3.

Desde luego, no escapan a esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente las actuales y extraordinarias circunstancias surgidas de la declaración de la Pandemia COVID-19, y los efectos que ello ha tenido en las previsiones y disponibilidad de recursos de la Administración Pública, por el impacto en la economía y en las condiciones de desenvolvimiento fiscal.

Pero debe decirse que antes de la Pandemia ya habían pasado 30 años de reclamos del ISFD N°3 hasta que finalmente se lograra recién en 2018 que la institución tuviere planos para la remodelación integral del edificio (Expte 7440000207/2016), por lo que es de esperar que no pasen otros 30 a la espera del inicio de las obras.

Mientras tanto, el ISFD N°3 tiene ya en curso seis profesorados prácticamente con la misma infraestructura de hace tres décadas, cuando la población educativa orillaba el medio centenar de personas y la actividad se
desarrollaba de 8 a 13 horas.

Hoy, como se ha dicho ut supra y conviene enfatizarlo una vez más, el Instituto reúne a 900 personas entre docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, funciona entre las 8 y las 23 horas, y además del paupérrimo estado de su edificio propio de Coronel Pérez 524, se ve obligado a utilizar todas las aulas y comedor de la contigua Escuela 134, y diez aulas de la Escuela 274.

En otras palabras, el ISFD N°3 debe servirse obligadamente de tres instituciones pero debiendo subrogarse en los espacios, pues se destinan 20 aulas para seis carreras y 24 aulas cada 15 días incluyendo el cursado
semipresencial y alternativo de la carrera de Lengua y Literatura.

Todo ello a la vez se desenvuelve en precariedad de condiciones, como ocurre en las instalaciones propias, donde se suceden techumbres en deterioro; cocina y sanitarios sin ventilación; sistema eléctrico con regulares
desperfectos que afectan equipos; calefactores sin mantenimiento. Hasta el acceso desde calle Pérez está en deplorable estado, al punto de haber provocado más de un accidente a los peatones ingresantes.

No es gratuito recordar aquí lo que Ud. desde luego sabe y conoce por el lugar que ocupa y la función que desempeña, cual es que la Educación Superior está reconocida por el artículo 130 de la Constitución Provincial, y las obligaciones que de ello se derivan en materia de formación docente están tuteladas en los alcances genéricos de los artículos 9° y 10° y en aquellos específicos de los artículos 21°, 53°, 55°, 62° y 63 de la Ley Provincial 2945.

Conforme esa misma norma, puede decirse que se encuentran vulnerados los artículos 25 (derechos y deberes de los docentes), Inciso 4 (derecho al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene); y 27
(derechos y deberes de los estudiantes), Inciso 8 (derecho a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad)...
Por todo ello, esta Defensoría solicita a Ud. que informe el estado actual del trámite licitatorio correspondiente y las previsiones administrativas en ese sentido, así como le urge a arbitrar los medios para llevar a la realidad el justo reclamo de la comunidad educativa del ISFD N°3.

Del CFP 19 y CIART 5

Sin perjuicio de las particularidades que cada institución reúne, similar cuadro puede advertirse en los casos del CFP N° 19 y del CIART 5. El primero, funciona en Brown al 717 y en espacios compartidos con el CIART 5 de Mariano Moreno al 1083. El CFP N° 19 tiene una población educativa de 600 personas, en tanto que el CIART N° 5 alcanza el millar.

En las dependencias de Brown se ha retirado el medidor de gas, debido al persistente olor al fluido y consecuente constatación de una fuga, conforme denuncia de dominio público. Los mismos resultados se constataron en las dependencias de calle Mariano Moreno, con lo cual ambas instituciones están sin actividad.

Huelga recordar los trágicos y recientes sucesos acaecidos en la provincia por defectuosas instalaciones de gas, y cabe preguntarse por qué esta constatación de los desperfectos del mismo sistema se produce con el retorno a la modalidad presencial, habiendo transcurrido más de un año con las aulas cerradas. ¿Es que acaso no hubo tiempo suficiente para revisar las condiciones de estos edificios durante el obligado receso?

Tanto el CFP N° 19 como el CIART N° 5 necesitan edificios propios y condiciones adecuadas para el desenvolvimiento del acto pedagógico. Una vez más, en promoción de los derechos de estas comunidades educativas, esta Defensoría le urge a Ud. arbitrar las medidas del caso para que así sea.