
La senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira presentaron en el Congreso una iniciativa que busca inhabilitar a candidatos con condenas en segunda instancia, ampliando los alcances de la normativa vigente en la provincia.
Actúa sólo por orden judicial y está destinado a personas condenadas o con sentencia firme por situaciones de violencia familiar y/o de género, o para aquellas personas que incumplan medidas cautelares.
Actualidad16/08/2021
Redacción NA
Mediante un convenio con el ministerio de Ciudadanía, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, diez municipios de la provincia formalizaron la colaboración recíproca para implementar el Registro de Violencia Familiar y de Género en cada una de sus localidades.
De esta manera, los gobiernos locales de Aluminé, Cutral Co, Chos Malal, Neuquén Capital, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Villa La Angostura y Zapala se suman a la adhesión de esta ley con el objetivo de desarrollar acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género, tanto en el ámbito público como privado.
Con la formalización de este acuerdo, la subsecretaría de Derechos Humanos pone a disposición de cada una de las municipalidades una guía de recomendaciones para la implementación de la Ley de creación del Registro de Violencia Familiar y de Género. Asimismo, se capacitará a las funcionarias y funcionarios municipales encargados de hacer cumplir las disposiciones de esta normativa.
Otra de las acciones del convenio propone la creación de una mesa de trabajo integrada por funcionarias y funcionarios de la subsecretaría e integrantes de los concejos deliberantes de cada localidad, con el fin de implementar una agenda de trabajo de promoción del registro.
Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, explicó que “este registro busca disuadir a quienes no cumplen con las medidas cautelares a que, por temor, o apremio a sufrir un mal mayor, comiencen a acatarlas. Es para aquellos que incumplan medidas preventivas urgentes, como no mantener el distanciamiento ordenado o que incumplan tratamientos terapéuticos ordenados por la justicia, como es el caso del Dispositivo de Atención a Varones (DAV).
La funcionaria también manifestó que “invitamos a adherir a los municipios, aunque la ley sea de orden público, para poder jerarquizarla ya que es mucha la adecuación normativa que hay que hacer. No queremos un registro lleno de personas, sino un registro ágil, donde se empiece a cumplir y los jueces saquen a la persona cumplidora del mismo, el objetivo es fomentar una cultura diferente respecto a las violencias”.
Por su parte, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez agradeció la participación de todos los municipios y el trabajo conjunto para “poder articular gran parte de las políticas que el estado ha puesto a lo largo de la historia para combatir este gran flagelo que nos ha golpeado enormemente. Esta herramienta es fundamental porque visualiza a aquellos que se burlan de las medidas y de la decisión propia de la mujer de poner una restricción, un límite a una relación violenta. Con esta ley tenemos la posibilidad de darlo a conocer e impedir que el estado pueda contratar, ayudar, a los varones que ejercen violencia”.
“Desde la comisión de las leyes 2785 y 2786, vamos a tener una reunión con cada uno de los equipos municipales para encaminar el abordaje integral y territorial de las violencias, así como fortalecer los mecanismos que nos permitan intercambiar información y articular rápidamente acciones para tratar cada caso detectado”, adelantó el funcionario.
Sobre la ley
La Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 3233, por la cual se crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. El mismo funciona bajo la órbita del ministerio de Ciudadanía, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos.
En el mismo se registran personas con condenas firmes, o que hayan incumplido con las diferentes medidas preventivas, restrictivas o cautelares, o con sus tratamientos terapéuticos ordenados en este contexto.
Una vez incorporadas, las personas se verán imposibilitadas de ser candidatos a cargos provinciales o municipales; ser designados funcionarios; tramitar habilitaciones, concesiones, licencias, carnets, permisos o cambios de titularidad; ser proveedores y contratistas del Estado o integrantes de órganos de dirección de empresas; ejercer la docencia; ingresar a las fuerzas de seguridad; ingresar al Estado provincial. Si las personas ya se encuentran en estos organismos, el ingreso en el registro se considerará una falta grave que podría originar la desvinculación de las tareas.
El Registro consiste en una plataforma web, diseñada con el Tribunal Superior de Justicia y operada exclusivamente por jueces y juezas, en causas de violencias. En este sitio se llevará el registro de las altas y bajas del mismo, se expedirán los certificados de no inscripción, se comunicará a los Poderes del Estado sobre las actualizaciones y se articulará con otras instituciones las acciones tendientes a sensibilizar y concientizar sobre la temática.

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