Redacción NALa administración del intendente Carlos Saloniti abrió un nuevo frente político al solicitar al Concejo Deliberante autorización para firmar un acuerdo de pago con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), destinado a refinanciar una deuda que supera los $1.747 millones (cerca de U$S 1.200.000). La iniciativa no solo busca regularizar la situación financiera con el organismo provincial, sino que además instala un debate sobre las condiciones del convenio que desde hace casi veinte años regula la relación entre ambas instituciones.
La nota, enviada por la Secretaría de Economía y Hacienda al cuerpo deliberativo, sostiene que el esquema establecido por la Ordenanza Nº 7158/2006 dejó de ser sostenible frente al fuerte incremento de las tarifas eléctricas y plantea la necesidad de renegociar las reglas de juego con el EPEN.
El Ejecutivo explica el origen del desfasaje
En la presentación, el Municipio asegura que durante años el convenio funcionó sin generar inconvenientes significativos e incluso registró períodos con saldos favorables para las arcas municipales. Sin embargo, afirma que el actual contexto económico y las sucesivas actualizaciones tarifarias modificaron completamente ese escenario.
Como parte del análisis realizado por la Secretaría de Economía, el Ejecutivo informó que detectó que el Municipio estaba afrontando el costo de energía de los sistemas de bombeo de la Cooperativa de Agua Potable, una situación que —según sostiene— impactó de manera considerable en el crecimiento de la deuda.
Frente a este escenario, anunció que impulsará el traspaso de la titularidad de esos medidores hacia la Cooperativa para evitar que esos consumos continúen siendo absorbidos por el presupuesto municipal.
Un convenio bajo cuestionamiento
Más allá de la refinanciación, el documento incorpora una fuerte crítica al convenio vigente con el EPEN.
Desde el Ejecutivo sostienen que existe una "manifiesta desigualdad" entre las obligaciones y beneficios de ambas partes. Argumentan que mientras el organismo provincial percibe un porcentaje por gastos administrativos derivados de la cobranza de los servicios, el Municipio no recibe ninguna compensación por la recaudación de la tasa de alumbrado público.
Por ese motivo, informaron que el convenio ya se encuentra bajo análisis de la Asesoría Legal y Técnica con el objetivo de impulsar una reformulación que permita equilibrar las responsabilidades y resguardar los intereses municipales.
La respuesta del EPEN
La posición del organismo provincial quedó plasmada en una carta documento enviada el último 19 de junio al Municipio de San Martín de los Andes.
Allí, el EPEN rechaza los cuestionamientos del Municipio y sostiene que actúa exclusivamente como agente recaudador en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7158/2006. Además, afirma que el cobro de gastos administrativos responde a las tareas de liquidación, gestión y cobranza que realiza por cuenta del Municipio, mecanismo que —recuerda— fue aprobado por el propio Concejo Deliberante al momento de suscribir el convenio.
Respecto de los medidores cuestionados, el ente provincial sostiene que los suministros registrados a nombre del Municipio fueron habilitados con la autorización de funcionarios municipales y que el resto de las conexiones se rigen por la normativa vigente del servicio eléctrico.
Finalmente, el EPEN ratifica íntegramente la deuda reclamada e insta al Municipio a cancelarla o adherir al plan de financiación propuesto.
La decisión queda en manos del Concejo
El plan presentado contempla cancelar la deuda mediante 24 cuotas mensuales, con un desembolso inicial cercano a los 102 millones de pesos y un costo financiero que elevaría el monto total a pagar a más de 2.363 millones de pesos.
Ahora será el Concejo Deliberante quien deberá definir si autoriza al Ejecutivo a firmar el acuerdo con el EPEN, aunque al entrar en receso invernal seguramente el intendente deberá dictar un decreto ad referendum, una decisión que trasciende la refinanciación de una deuda y que probablemente abra un debate político sobre la administración de los recursos municipales, la relación con los organismos provinciales y la necesidad de revisar un convenio que ambas partes interpretan de manera muy diferente.
