El Congreso modificó la Ley de Glaciares en medio de protestas

Tras casi 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Glaciares, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional, se enmarca en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y busca redefinir los criterios de protección de los cuerpos de hielo, habilitando mayor margen para la actividad minera en la cordillera.

La sesión estuvo marcada por la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió las últimas horas del debate desde los balcones del recinto. El oficialismo defendió la reforma como un paso necesario para el desarrollo económico y la generación de empleo, mientras que la oposición denunció que se trata de una norma “regresiva” que pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

Argumentos a favor
Diputados oficialistas sostuvieron que la ley vigente presentaba “lagunas” y que la nueva redacción aporta claridad científica sobre qué glaciares y geoformas deben protegerse.

Legisladores de provincias mineras, como San Juan, remarcaron que cuentan con inventarios actualizados y capacidad técnica para gestionar los recursos de manera responsable.

Se destacó que la reforma permitirá atraer inversiones y potenciar el desarrollo regional.

Críticas y oposición
Organizaciones como Greenpeace y referentes opositores advirtieron que la modificación abre la puerta a la explotación minera en zonas sensibles, comprometiendo el acceso al agua.

Legisladores como Pablo Todero (Neuquén) acusaron al Gobierno de “vender los glaciares” y entregar recursos estratégicos.

Otros, como Juan Grabois, calificaron la norma de “ley envenenada” que amenaza con contaminar fuentes hídricas.

Contexto político
La aprobación de la reforma representa una victoria legislativa clave para el oficialismo en 2026, en un escenario de tensiones sociales y económicas. Sin embargo, se anticipa que la norma será judicializada, lo que podría generar incertidumbre para las inversiones y prolongar el debate sobre el equilibrio entre desarrollo minero y protección ambiental.

Fuente consultada: Infobae