El objetivo es que, a partir de la derivación de un conflicto desde la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, la Oficina de Mediación y Conciliación Penal tenga definidos los criterios y lineamientos para abordar la situación, y en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.
“La complejidad de la temática ambiental exige el desarrollo de nuevas herramientas de trabajo”, puntualizó Cecilia Basterrechea, subdirectora provincial de Mediación y Conciliación del MPF. “El Código Procesal Penal de Neuquén establece como principio rector el deber de jueces, juezas y fiscales de buscar la solución integral del conflicto, y esto se traduce en que, ante algunos delitos, se puede trabajar dejando de lado la imposición de una pena. Con este enfoque trabajamos desde hace más de una década, lo que nos permitió acumular una experiencia muy significativa en la gestión de los conflictos a través de la mediación penal y las prácticas restaurativas que ahora debemos llevar también al ámbito ambiental”.
La finalidad del protocolo es que, a través del trabajo conjunto entre la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales y la Oficina de Mediación y Conciliación Penal, se brinden respuestas a la comunidad de forma eficaz y oportuna, utilizando el diálogo entre las partes en conflicto como herramienta principal para la solución.
