Una iniciativa inspirada en la ley provincial busca impedir que personas condenadas accedan a cargos públicos en todo el país.
Elecciones 202529/08/2025
Redacción NA
La coalición política La Neuquinidad, liderada por el gobernador Rolando Figueroa, presentó su primer proyecto legislativo en el Congreso de la Nación. La propuesta busca nacionalizar el instituto de Ficha Limpia, vigente en la provincia de Neuquén desde marzo, y establecer criterios de inhabilitación para candidatos y funcionarios con antecedentes judiciales.
El proyecto, redactado por los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, junto a los aspirantes a diputados Karina Maureira y Joaquín Perrén, propone prohibir el acceso a cargos electivos, funciones públicas y espacios partidarios a quienes hayan sido condenados por delitos comunes, narcotráfico o infracciones tributarias, siempre que la sentencia esté confirmada en segunda instancia o haya sido consentida.
También contempla restricciones para imputados con prisión preventiva, deudores fiscales con condena firme, y personas inhabilitadas por juicio político u otros procedimientos constitucionales. Las prohibiciones se extenderán durante el tiempo que dure la condena, cesando únicamente si la sentencia es revocada o, en el caso de prisión preventiva, cuando el procesado recupere la libertad.
Los impulsores del proyecto destacaron que la ley neuquina representa un modelo de rigurosidad y avance institucional. “Queremos elevar los estándares de integridad, transparencia y ética que la ciudadanía exige de sus representantes”, afirmaron. Además, señalaron que la normativa provincial constituye un precedente valioso para establecer criterios homogéneos que refuercen la confianza en las instituciones democráticas.
Figueroa, junto al diputado Marcelo Bermúdez (PRO), fue uno de los principales promotores de la Ficha Limpia en Neuquén. A nivel nacional, intentos anteriores fracasaron por falta de consenso político. Ahora, desde el sur, se busca reinstalar el debate con una propuesta que apunta a erradicar los efectos de la corrupción y proteger los bienes jurídicos del Estado.
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