
La senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira presentaron en el Congreso una iniciativa que busca inhabilitar a candidatos con condenas en segunda instancia, ampliando los alcances de la normativa vigente en la provincia.
Buscan fortalecer la atención en el consumidor de bienes y servicios, usuarios de servicios públicos y en aspectos que hacen a la defensa de las competencias y la resolución de conflictos.
Actualidad19/03/2025
Redacción
El Ministerio de Gobierno firmó un convenio de asistencia y cooperación recíproca con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a efectos de fortalecer y mejorar el sistema administrativo de atención y defensa de consumidores y usuarios.
La iniciativa entre el poder Ejecutivo y Judicial, que tendrá vigencia por el plazo de un año y se renovará de manera automática, pone especial atención en el consumidor de bienes y servicios, en los usuarios de servicios públicos y en aspectos que hacen a la defensa de las competencias y la resolución de conflictos para brindar mejores respuestas a la ciudadanía.
Para ello, se creará una Unidad de Coordinación que estará integrada por Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor y Manuel Fuertes, por el máximo órgano judicial. La misma estará a cargo de organizar actividades de capacitación, formación y/o entrenamiento profesional al personal del ministerio, así como a empleados y funcionarios judiciales, abogados/as de la matrícula y todas aquellas personas o instituciones que se considere oportuno. Asimismo, impulsará la estandarización de criterios y/o protocolos, y trabajará en materia legislativa y en el incentivo para la creación de organizaciones de la sociedad civil que atiendan en la materia.
La rúbrica se concretó en el marco del Primer Congreso Provincial en Derechos del Consumidor, organizado por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor a cargo de Pablo Tomasini. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, junto al subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres. Participaron también el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Riva, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, Maria Pasqualini; diputados provinciales y concejales capitalinos.
Durante la apertura, Tobares expresó: “Creo que el desafío que tenemos los neuquinos, los argentinos, es trabajar desde la institucionalidad buscando y generando herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes en la solución de los problemas. Hoy tenemos una gran diversidad de temáticas que atraviesan a los consumidores, con los desafíos que nos propone los avances y la innovación tecnológica y el impacto que esto produce en las transacciones. Vemos a diario lo que ocurre; cualquier persona, hasta los niños tienen un dispositivo y pueden pagar a través de cualquier herramienta digital, hacer operaciones de todo tipo”.
Afirmó que “debemos trabajar fuertemente en las herramientas procesales, sobre todo, en una Argentina que abre su economía a la economía global. De allí, el desafío: tener herramientas que nos garanticen intervenir desde el Estado y ser eficientes a la hora de las expectativas generadas en el consumidor”.
Blanco Muiño sostuvo al respecto: “Que una provincia tome la fecha del 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos del Consumidor y lo convierta en un Congreso provincial en la materia es muy importante y además alienta a las otras provincias a que lo hagan. Volvemos a Neuquén con la expectativa de poder dar esa discusión que hace falta para tener una agenda moderna del derecho al consumidor: inteligencia artificial, economía colaborativa, entre otros temas, representan nuevos desafíos para los estados nacional, provincial y municipales”.
En tanto, Mazieres indicó que: “Nosotros alentamos la participación y el encuentro de los poderes del Estado, la confluencia de los poderes en la gestación de políticas públicas que tengan en mira sobre todo la atención de sectores vulnerables. La rama del derecho del consumidor es un derecho tuitivo y forma parte de nuestra preocupación central. Yo creo que, como marcaba el ministro, que tenemos un marco normativo prolífero, tenemos convencionalidad internacional, y debemos fortalecer y mejorar los procesos de tutela del consumidor para que estos principios se transformen en políticas concretas que mejoren el acceso de los consumidores a la justicia”.
“Estamos muy contentos de poder realizar este Primer Congreso que reunió a los tres poderes del Estado para impulsar una mejora no sólo la matriz jurídica sino también la institucional para responder a los derechos de los consumidores”- sostuvo Tomasini.
Por su parte, Pascualini dijo: “Nosotros trabajamos de manera mancomunada con el gobierno provincial y entendemos que lo que hoy está ocurriendo acá es muy importante. La provincia de Neuquén y la ciudad de Neuquén tienen una característica muy peculiar que es un crecimiento económico sostenido. Entonces eso hace que un área tan importante como la defensa del derecho del consumidor tenga que estar muy activa. Me parece que hay mucho para trabajar, mucho para reformular y que el área de Protección al Consumidor tiene que ir acompañando la modernidad de los estados”.

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