En ese sentido, desde ADPRA calificaron a la decisión oficial como un grave retroceso en materia de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, respecto de los compromisos nacionales, regionales e internacionales asumidos por la Argentina, quedando ubicado como el único país que votó negativamente en la Asamblea General integrada por 193 Estados.

También advirtieron sobre cómo el desconocimiento del drama social que es la violencia contra las mujeres y niñas, por parte de las más altas autoridades estatales, puede conllevar a una peligrosa legitimación de conductas agresivas y discriminatorias.

Por último, manifestaron su preocupación por el correlato con un contexto de vaciamiento de las políticas públicas que promueven la igualdad de género y el derecho a vivir una vida libre de violencia; frente al que las Defensoras y Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron en exigir su inmediato restablecimiento.