Esta acción es resultado del convenio de colaboración entre el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el Ministerio Público Fiscal (MPF) rubricado el pasado 8 de mayo, así como del intenso trabajo mancomunado llevado a cabo en la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA). Todas las páginas denunciadas operaban sin estar incluidas en la zona especial "bet.ar" en Internet, donde se encuentran registradas los nombres de dominio con la aprobación de una lotería oficial de Argentina.

El vicepresidente del IJAN, Diego Viscardi, señaló "Son muy importantes estas primeras denuncias, ya que evidencian la intensificación de los esfuerzos para erradicar este problema mediante la implementación de marcos legales más estrictos. En este sentido, también es crucial fomentar la concienciación pública sobre los riesgos asociados con el juego ilegal; además de continuar con nuestro importante trabajo de fortalecimiento y promoción de juegos de azar regulados y responsable, y el apoyo hacia aquellas personas vulnerables".

Por otra parte, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) se lanzó una campaña de concientización contra sitios ilegales de apuestas online, junto a los sitios de apuestas más importantes del país, para concientizar y avisar que en sus sitios, “solo juegan los grandes”. La campaña promovida en el contexto de la Copa América cuenta con la participación de destacados periodistas deportivos y busca marcar las diferencias entre los sitios legales, que son todos los que terminan en .bet.ar y no dejan ingresar a menores, y los ilegales, que utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar los controles.

La lucha contra el juego ilegal es un desafío complejo para todas las loterías y entes reguladores, que genera serias preocupaciones debido a su vinculación con actividades criminales, la falta de regulación y protección para los jugadores, y la evasión fiscal. 
En respuesta a esta problemática, esta suma de acciones representan un paso significativo hacia su erradicación, reforzando el compromiso de las autoridades en la protección de la sociedad y del patrimonio estatal.