Los ministerios de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y Jefatura de Gabinete avanzan en acciones para la implementación del programa de capacitación “Neuquén Concientiza con Perspectiva de Discapacidad” durante este año. La subsecretaría de Discapacidad es la autoridad de aplicación de la normativa.

El subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, mantuvo una reunión con la subsecretaria de Optimización de la Gestión Pública, Mariane Bartusch, de la que también participó Gastón D’Angelo, coordinador general de la subsecretaría de Discapacidad, para implementar el curso virtual autogestionado que brindará conocimientos generales sobre el trato adecuado y no discriminatorio a las personas con discapacidad, garantizar el acceso a la legislación vigente, facilitar información respecto de sus derechos y el certificado único de discapacidad, entre otros aspectos.

En el encuentro se acordó que los equipos de trabajo de ambos organismos trabajarán en forma coordinada, consolidando así un esfuerzo conjunto para alcanzar los objetivos propuestos para la puesta en marcha de estas capacitaciones este 2024.

Iril, al describir la dinámica de la capacitación, detalló que “el formato es virtual y autogestionado mediante la Plataforma Integrar Capacitación”, a cargo de la dirección Superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Además, anticipó que se están planificando nuevas acciones para fomentar la participación, garantizar el cumplimiento de la normativa y ampliar el alcance de esta política pública en toda la provincia.

Alcance

El programa, creado mediante la Ley 3294, sancionada en 2021, tiene como propósito fundamental formar y capacitar de manera obligatoria, continua, permanente y actualizada al personal que se desempeña funciones en la administración pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado.

La subsecretaría de Discapacidad, dependiente de la secretaría de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria, es la autoridad encargada de la aplicación de la ley, cuyo enfoque se centra en incorporar la perspectiva de discapacidad y los derechos humanos tanto en las políticas públicas como en las diferentes acciones que lleva adelante el Estado.