
Desestiman denuncia contra fiscales por operativo en Casa de Gobierno
El Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa iniciada por comunidades mapuches tras el desalojo ocurrido en julio.
La fiscal del caso, Rocío Rivero, acusó a dos agentes policiales Fernando Gabriel Figueroa y Ariel Mena, por abusar de sus funciones al realizarle vejaciones a un joven en el marco de un procedimiento.
Judiciales09/11/2022El delito que la representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó a los imputados es vejaciones calificadas por la violencia ejercida, en carácter de autores (artículos 45, 144 bis inciso 2 y 142 inciso 1, del Código Penal).
La teoría del caso que intentará acreditar la fiscalía durante el juicio es que el hecho ocurrió el 30 de julio de 2020 cerca de las 2:15, en la ciudad de San Martin de los Andes y en el marco de un procedimiento policial en el que se investigaba la posible comisión de un delito. Los imputados, el cabo Fernando Gabriel Figueroa y el cabo primero Ariel Mena, que pertenecían a la a la Comisaría 23, identificaron a dos personas en cercanías a la pasarela del arroyo Pocahullo del casco céntrico de la ciudad. Les ordenaron que colocaran las manos contra el móvil y Ariel Mena, inmovilizó a uno de ellos por la espalda y le dio puntapiés en sus piernas, facilitando que no pueda defenderse mientras Figueroa lo golpeó con un fiero en la cabeza provocándole una herida cortante.
La fiscal Rivero le manifestó a la jueza encargada de juzgar el hecho que “cuando culmine el debate y usted escuche la prueba, estaremos en condiciones de pedir una sentencia de responsabilidad”.
El hecho es juzgado por un tribunal unipersonal y el juicio está programado para desarrollarse durante dos jornadas. La prueba se producirá en base a testimonios presenciales como el de la víctima y el joven que lo acompañaba, convenciones probatorias y testimonios de peritos y efectivos policiales.
El Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa iniciada por comunidades mapuches tras el desalojo ocurrido en julio.
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La iniciativa impulsada por el Ministerio Público Fiscal y el gobierno provincial permitirá que miles de personas reciban en sus facturas un código digital para realizar denuncias anónimas sobre venta de estupefacientes. Empresas estatales y organismos se suman a la campaña.
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