“A todo esto se llega por una actitud negligente de parte del Intendente”

La novela del servicio del transporte público está lejos de terminarse en la ciudad cordillerana. Cuando parecía que había una luz al final del camino, surgen dudas de lo que se firmó, pero también críticas de cómo se llegó a ello.

En la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles avalaron por mayoría un decreto del Intendente Carlos Saloniti, por el cual se reconoce parcialmente la deuda con Expreso los andes. En tanto que se crea una comisión para analizar y determinar el monto.

El Concejal Santiago Fernández del bloque del Frente de Todos explicó por qué se opusieron a este acuerdo, “lo hicimos porque lo que decretó el Intendente y fue ratificado por el bloque del MPN y Juntos por el Cambio es un reconocimiento parcial de la deuda que reclama Expreso los Andes. Esta es una deuda que no está certificada y esto va en contra de lo que nosotros planteamos y habíamos acordado con el resto de los bloques, que era la creación de una comisión para discutir LOS incumplimientos al contrato, no EL incumplimiento que reclama la empresa. Porque hay otros, que sí están certificados, como la quita de frecuencias y recorridos y la no constitución de la Sociedad Anónima desde el primer día del contrato de concesión”.

El edil detalló pormenores del acuerdo, “este reconocimiento parcial de la deuda es la posibilidad de que sea resarcida la empresa por una suma de hasta 300 millones de pesos. En caso de que la comisión no dictamine aquello que quiere la empresa, ésta podría recurrir a una instancia judicial, porque se le reconoció que hay una deuda a su favor por parte del Municipio. El en artículo cuarto del Decreto está la posibilidad de que el Intendente pueda habilitar el resarcimiento a la empresa, por más que esto sea contrario a lo que diga la comisión técnica”.

Para Fernández esto se podría haber evitado, “a todo esto se llega por una actitud negligente de parte del Intendente que en mayo dicta un decreto que convoca a Expreso los Andes a continuar con el servicio por un año, tal cual lo establece el contrato. Pero el 30 de junio lo deroga y firma otro que ratifica un acuerdo con la empresa por 90 días, lo que le da la posibilidad a la empresa de extorsionar al Municipio con su retirada. Porque el estado pierde la facultad de obligarlo de continuar hasta el 30 de junio del 2022. No hay en el expediente ningún dictamen, ni de la asesoría letrada del municipio ni del concejo, ni de ninguno de los bloques, que diga que corre riesgo la prestación del servicio o que la empresa podría irse sin tener que concurrir a una instancia judicial para obligarla a continuar”.

“La verdad que el intendente operó mal, perdió facultades el Municipio en la disputa con la empresa, se dejó extorsionar y termina decretando un reconocimiento parcial de deuda, en línea con lo solicitado por la empresa, con el riesgo de que eso le cueste 300 millones de pesos al Municipio, que según el presupuesto vigente equivalen a dos meses de funcionamiento municipal”, cerró el Concejal Fernández.