Redacción NAEl contralor municipal de San Martín de los Andes, Jorge Fernández, elevó una presentación al Concejo Deliberante en la que advierte sobre dificultades para implementar el seguimiento satelital de la flota automotor y señala una presunta resistencia de funcionarios y agentes a facilitar su fiscalización.
La nota, fechada el 16 de octubre e ingresada el lunes 19, fue dirigida a la presidenta del cuerpo, Natalia Vita, con copia al resto de los concejales y al intendente Carlos Saloniti. El documento describe equipos pendientes de instalación, dispositivos desconectados, errores en la identificación de unidades y un caso de supuesto uso particular de una camioneta municipal.
“La estructura de mando alcanzada por este control no está debidamente comprometida con la ejecución de este control”, expresó Fernández. En otro pasaje sostuvo que, aunque agentes y funcionarios manifiestan su compromiso, “en los hechos aflora la íntima convicción de evitar cualquier control”.
Según el informe, el municipio adquirió 48 equipos GPS en dos compras realizadas en 2025 y 2026, pero solo instaló 34, por lo que permanecen pendientes otros 14. Además, Fernández indicó que esa cantidad resulta insuficiente para cubrir una flota de al menos 133 unidades, a las que se sumarían vehículos recientemente incorporados que todavía no fueron debidamente informados en los listados.
El contralor señaló que la implementación completa del sistema, establecida por la Ordenanza 15.278/2025, debía concretarse en septiembre de este año. Sin embargo, afirmó que no se ordenó la adquisición del equipamiento restante y que el Ejecutivo tampoco desarrolló la reglamentación ni el marco sancionatorio.
Entre las situaciones más graves, la presentación menciona que varios dispositivos instalados fueron desconectados, lo que impide obtener información para su fiscalización. También describe un equipo que sería desconectado de la batería al finalizar cada jornada y reconectado al comenzar el siguiente día laboral.
A ello se suma la sustracción de otro dispositivo, vinculada a la primera compra, que motivó un sumario administrativo que, según Fernández, todavía no cuenta con una resolución efectiva.
El informe identifica al subsecretario de Servicios Públicos, José Pino, como receptor de seis equipos que no fueron instalados, de acuerdo con información aportada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. También señala que otro GPS fue entregado al subsecretario de Obras Públicas, Leonardo Manríquez, y que permanecía sin conectar a la fecha de la presentación.
Fernández agregó que se solicitó la concurrencia de los choferes con sus vehículos a la Contraloría para completar datos sobre kilometraje, seguros, licencias de conducir, mantenimiento y ubicación de los dispositivos. “Lamentablemente no hemos logrado que estas concurrencias se materializaran”, manifestó.
La documentación también detalla errores en patentes y números identificatorios de los equipos, con registros duplicados o asignados a distintas unidades. Parte de esas inconsistencias fue corregida con asistencia de YPF Ruta, aunque otras continuaban pendientes.
Uno de los casos expuestos involucra una camioneta asignada a la Subsecretaría de Deportes. Según el contralor, el seguimiento permitió detectar que el vehículo pernoctaba en el domicilio del subsecretario y que sus primeros movimientos coincidían con los horarios de ingreso a la Escuela Primaria 142 y al EPET 12.
Para Fernández, esos recorridos permiten inferir que la unidad era utilizada para trasladar alumnos desde el domicilio particular hacia esos establecimientos. Indicó que la situación fue comunicada al Concejo Deliberante y a la Secretaría de Turismo, de la que depende el área. Luego de esa advertencia, agregó, la camioneta dejó de pernoctar en aquella vivienda y comenzó a quedar estacionada en el predio del gimnasio Carriqueo.
En materia de gastos, el informe sostiene que el municipio paga aproximadamente 1,8 millones de pesos mensuales por el servicio de plataforma correspondiente a los 48 equipos, mientras que, según el cálculo consignado por la Contraloría, se utiliza el 66,66 % del servicio activo.
Finalmente, Fernández anunció que pondrá a consideración del Concejo una propuesta de reglamentación para el sistema. También informó que el organismo comenzó a cruzar los datos del seguimiento satelital con los registros de consumo de combustible de cada unidad, una tarea que todavía se encuentra en su etapa inicial.
