Mario JakszynCarlos Inchauspe, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes, advirtió que la entidad podría devolver la concesión al municipio si no se resuelve el atraso tarifario que compromete sus finanzas. Durante una entrevista en Radio Fun, sostuvo que la diferencia entre los ingresos y los costos obliga a recurrir todos los meses a nuevos planes de pago y reclamó una definición del Concejo Deliberante durante octubre.
“No nos quedaría ya mucho más remedio que entregar la concesión al municipio”, afirmó al recordar la advertencia que transmitió a los concejales en una reunión realizada el 8 de septiembre. Según explicó, les planteó que la cooperativa no podía sostener esa situación económica hasta fin de año sin una respuesta.
“Si esto no sucede, la cooperativa se va a ver imposibilitada de seguir operando de esa manera”, remarcó. Aclaró, sin embargo, que existeiría un compromiso para que la nueva estructura tarifaria salga este mes.
El origen del reclamo se remonta a noviembre de 2021, cuando se renovó el contrato de concesión. De acuerdo con Inchauspe, entonces se firmó una adenda que establecía un plazo de 180 días para definir una nueva tarifa base, pero ese compromiso continúa pendiente.
El dirigente distinguió esa revisión de los ajustes por inflación que se aplicaron durante estos años. Explicó que esos incrementos no alcanzaron para acompañar la evolución de los salarios, los insumos químicos, el mantenimiento y los gastos generales de operación.
“Todos esos gastos fueron aumentando de una manera que no fue acompañada con los incrementos que nosotros tenemos por inflación”, señaló.
También atribuyó al municipio, como concedente, la responsabilidad de confeccionar la tarifaria. Indicó que la cooperativa presentó distintas propuestas y cuestionó las respuestas recibidas ante sus reclamos: “Siempre eso estaba en estudio”. Según sostuvo, recién este año el Organismo de Control comenzó a trabajar con las áreas administrativa y contable de la entidad para avanzar en una solución.
La falta de recursos ya tiene consecuencias concretas. Desde mayo, la cooperativa comenzó a financiar obligaciones de IVA y cargas sociales mediante planes de pago con ARCA. Inchauspe explicó que cada mes deben sumar una nueva refinanciación para cubrir la diferencia entre lo facturado y los gastos, lo que además genera costos financieros.
Respecto del ajuste necesario, precisó: “El número que está hoy más firme está rondando en un 105%”. Agregó que las estimaciones analizadas por la institución iban desde ese porcentaje hasta un 120%, para compensar el desfasaje.
La alternativa que describió contempla una aplicación escalonada, con aumentos durante octubre, noviembre y diciembre, una pausa en los meses de mayor consumo estival y la continuidad de las actualizaciones a partir de abril. El objetivo, explicó, es reducir el impacto sobre los usuarios durante el verano, cuando las facturas también crecen por una mayor utilización del servicio.
Ese esquema todavía depende de la aprobación legislativa. “Esto tiene que aprobarse, a más tardar, en la última reunión del mes del Concejo Deliberante”, sostuvo, porque la cooperativa debe realizar la facturación durante la última semana de octubre.
Durante la entrevista, Inchauspe también diferenció las necesidades económicas cotidianas de las inversiones en las plantas de tratamiento. “La renovación de equipamiento no está a cargo del concesionario, no corresponde a la cooperativa, sino al concedente”, afirmó.
En ese marco, detalló que en junio presentaron ante autoridades provinciales un pedido de equipamiento que superaba los 3,7 millones de dólares. Luego, a solicitud de esas autoridades, elaboraron una selección de prioridades por 1,4 millones de dólares.
Según indicó, la licitación provincial por 600 millones de pesos comprende un grupo electrógeno de 330 kilowatts, una prensa automatizada para deshidratar barros y dos sopladores de tornillo destinados a mejorar la aireación. El generador reemplazaría al que se incendió el año pasado y dejó a la planta sin ese equipo de respaldo.
Aunque valoró la incorporación prevista, señaló que queda una diferencia importante respecto de las necesidades planteadas. Además, aclaró que ese equipamiento no resuelve la insuficiencia de ingresos para sostener la operación diaria.
Inchauspe sostuvo que el mantenimiento integral tampoco está incluido en el contrato de concesión y que, con los recursos disponibles, la entidad realiza intervenciones mínimas y de emergencia. “Ese dinero para el mantenimiento no está incluido en la tarifa que maneja la cooperativa”, expresó, al explicar las dificultades para desarrollar un programa preventivo.
Sobre el suministro eléctrico, recordó que el municipio paga desde el inicio la energía de la planta de tratamiento número 3, ubicada en tierras del Regimiento (Vega Chica). También asumió posteriormente ese gasto en la planta número 1, cuando la cooperativa ya no podía afrontarlo.
Otro de los problemas abordados fue el ingreso de agua de lluvia a la red cloacal. El presidente explicó que las conexiones indebidas de desagües de techos y patios alteran el líquido que reciben las plantas y dificultan el tratamiento biológico.
“Ha llegado a ingresar a la planta de tratamiento el doble del líquido que debía ingresar en condiciones normales”, señaló sobre los episodios de lluvias intensas.
La cooperativa inició una campaña informativa e inspecciones para detectar esas conexiones. Según Inchauspe, encontraron irregularidades en viviendas, complejos y dependencias estatales. A los responsables se les indica qué modificaciones deben realizar y se les otorga un plazo; si no corrigen la situación, corresponderá al organismo de control aplicar las sanciones.
Mientras esas tareas continúan, la principal expectativa está puesta en la respuesta del Concejo Deliberante. Para el dirigente, la aprobación de la nueva tarifaria resulta urgente: la acumulación de obligaciones y las refinanciaciones mensuales reducen el margen para seguir sosteniendo la prestación.
