Redacción NAEl nuevo Régimen Penal Juvenil ya está vigente en todo el país y establece una modificación central en el sistema judicial: los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de determinados delitos contemplados por el Código Penal.
La Ley 27.801 reemplaza el esquema que regía desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo planteado por la normativa es promover la responsabilidad por los hechos cometidos, junto con procesos de educación, resocialización e integración social.
¿Qué cambia con la nueva legislación?
Uno de los principales cambios es la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser alcanzada por el sistema penal juvenil. Hasta ahora, los menores de 16 años no eran punibles bajo el régimen anterior. Desde la entrada en vigencia de la nueva legislación, el límite se establece en los 14 años.
La reforma también modifica el esquema de sanciones. Se elimina la posibilidad de imponer prisión perpetua y se establece un límite máximo de 15 años de privación de la libertad para los adolescentes alcanzados por la normativa.
Además del encierro, el régimen contempla diferentes medidas y sanciones alternativas, junto con mecanismos de seguimiento destinados a acompañar el proceso de reinserción del adolescente.
Un nuevo esquema para las causas
Los adolescentes comprendidos por la ley tendrán un procedimiento penal específico y deberán atravesar las distintas etapas judiciales bajo las reglas establecidas por el nuevo régimen.
La normativa busca diferenciar el tratamiento de los jóvenes respecto del sistema destinado a los adultos, con establecimientos y mecanismos específicos para quienes deban cumplir medidas restrictivas de la libertad.
La implementación de este nuevo esquema representa uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en materia de Justicia Penal Juvenil y abre una nueva etapa en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes en Argentina.
El cambio también genera debate entre especialistas y funcionarios judiciales. Mientras sus impulsores sostienen que apunta a fortalecer la responsabilidad frente al delito, sectores de la Justicia cuestionan que la reducción de la edad vaya a producir por sí sola una mejora en los niveles de seguridad.
