Redacción NACon la firma del Contralor Jorge A. Fernández y el Auditor Municipal German Malajovich Dayenoff, la Contraloría Municipal presentó el Informe N°130 de administración y gestión pública, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Se trata de un informe de rutina, elevado en cumplimiento de la Ordenanza N° 9377/12, pero que en esta edición incluye varios señalamientos que exceden lo estrictamente contable.
Uno de los hallazgos centrales del informe es la existencia de una cuenta de Mercado Pago a nombre de la Municipalidad que, según el propio texto, "no era declarada ni gestionada por las áreas municipales pertinentes". El hallazgo surgió de controles de auditoría sobre ingresos y egresos, y derivó en una denuncia penal y en una presentación ante el Tribunal de Cuentas Provincial.
La Contraloría remarca que, pese a la gravedad del hecho, todavía no recibió información sobre los movimientos de esa cuenta, y que el área de Tesorería —que debería administrar los fondos municipales— no tiene acceso a ella. El organismo vincula este capítulo con las diferencias que venía informando trimestre a trimestre entre lo recaudado por el sistema de Estacionamiento Medido y lo efectivamente registrado en las cuentas oficiales.
El informe confirma que el EPEN le reclama al municipio una deuda de $2.363.591.535,51 (capital, intereses e impuestos), producto de que el sistema de compensación entre lo recaudado por Alumbrado Público y el consumo eléctrico municipal dejó de ser suficiente. La Contraloría aclara que recibió este dato "sin detalle de la composición ni de su evolución" y que debió solicitar por su cuenta el detalle de los medidores involucrados.
En el mismo apartado, el informe agrega una observación que había quedado registrada meses atrás en otro expediente de la propia Contraloría: la existencia de viviendas municipales habitadas por particulares, cuyos servicios son abonados en su totalidad por el municipio, sin ningún tipo de control.
El organismo de control reitera un reclamo de informes anteriores: pese a que los Decretos 2509/2023 y 453/2024 fijan un tope de 40 horas extra mensuales por agente, ese límite es sistemáticamente superado mediante nuevos decretos de excepción. El costo trimestral lo confirma: $84,7 millones en abril, $557,5 millones en mayo y $191,4 millones en junio, con un acumulado semestral de $1.748.822.802,13.
A esto se suma otro señalamiento: más de 300 agentes municipales perciben al mismo tiempo el adicional por "trabajo insalubre" y horas extra, una combinación que la Contraloría marca como una inconsistencia que viola el artículo 138 inciso B del convenio colectivo vigente.
Según el informe, las deudas corrientes del municipio (sueldos, cargas sociales y proveedores) pasaron de $12.985.510.722,54 al 31 de marzo a $14.527.951.072,71 al 30 de junio: un incremento del 11,9% en un solo trimestre.
En paralelo, las cuentas a cobrar —lo que los contribuyentes le deben al municipio— treparon a $15.380.129.260,20 en concepto de capital, y a $23.751.779.747,81 si se suman los intereses, con un aumento del 26,39% respecto de marzo. De ese total, casi $890 millones están bajo ejecución fiscal judicial, con una alta concentración en pocos abogados: el 53% de los expedientes están en manos de un solo letrado.
Sobre un presupuesto 2026 actualizado en $104.056.779.314,28, el municipio ejecutó al 30 de junio $42.703.222.857,20 en ingresos frente a $45.057.830.440,88 en egresos: una diferencia de más de $2.350 millones a favor del gasto.
El informe fue elevado al Concejo Deliberante el 10 de agosto de 2026, y queda a disposición del cuerpo legislativo para su tratamiento.
