Redacción NAEl Poder Ejecutivo neuquino completó durante la última semana la segunda etapa de los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios. Este proceso, que impulsó el gobernador Rolando Figueroa, ratifica el compromiso de asegurar que quienes ejercen funciones de conducción lo hagan libres de los efectos de sustancias prohibidas y alcanzó en esta instancia a dos ministros, dejando claro que la normativa se aplica con total rigurosidad y sin distinción de jerarquías.
Este esquema de control se ejecuta de manera sistemática con una periodicidad trimestral. El objetivo central de esta hoja de ruta es sostener el monitoreo de forma ininterrumpida hasta completar la totalidad de los funcionarios y funcionarias alcanzados por la ley vigente durante el curso de esta gestión. Esta continuidad busca que la transparencia sea una norma permanente, garantizando que todos los niveles de conducción cumplan con los estándares de idoneidad y responsabilidad ética que exige la función pública.
La medida se apoya en pilares que aseguran la legalidad y el respeto por los derechos individuales, aclarando que no constituye una condición de ingreso, sino una herramienta de supervisión sobre el ejercicio del cargo.
Ante la eventualidad de un resultado positivo confirmado, el funcionario o funcionaria cesa en su designación política o jerárquica, retornando a su categoría de planta para recibir la contención de salud necesaria como paciente. Asimismo, se garantiza una trazabilidad absoluta a través de la Historia Clínica Digital Única, protegiendo la información bajo estrictos protocolos de confidencialidad que permiten el acceso exclusivo del agente y el personal médico autorizado.
Para preservar el debido proceso, la normativa asegura el mantenimiento de la cadena de custodia y brinda el derecho irrenunciable a solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas, además de la facultad de contar con asistencia de peritos de parte.
Con el cierre de esta segunda tanda, el gobierno neuquino reafirma su voluntad política de que la integridad del Estado se fortalece con una gestión responsable ante la ciudadanía; y con mecanismos de control tangibles, transparentes y sostenidos en el tiempo.
