Jueza admitió la demanda de la Defensoría del Pueblo y ordenó a la Municipalidad garantizar la recolección de residuos

Actualidad 14 de noviembre de 2020 Por Redacción
En menos de 24 horas desde la presentación, la magistrada hizo lugar a la medida planteada y le ordenó al municipio recuperar y poner bajo su guarda y dirección todos los camiones recolectores que pudieran estar retenidos en el marco del conflicto laboral.
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La Jueza Subrogante en materia Civil y Comercial Andrea Di Prinzio Valsagna, admitió la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA) y ordenó a la Municipalidad de San Martín de los Andes arbitrar “todos los medios a su alcance para garantizar la prestación del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos de manera permanente…”.

A la par le impuso a la demandada que “recupere y ponga bajo su órbita de gobierno y dirección la disposición libre de camiones recolectores retenidos en instalaciones del Corralón Municipal”.

Todo ello, como es de rigor, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a una oren judicial por parte de los funcionarios responsables del cumplimiento de las medidas, y aplicar astreintes.

De ese modo, la jueza hizo lugar al pleno de la pretensión planteada por el defensor del Pueblo Fernando Bravo, bajo el patrocinio del abogado de la DPA, Gastón Eulogio, por lo que la manda judicial se hará efectiva a partir de la notificación a la Municipalidad de San Martín de los Andes, que se esperaba para las próximas horas atentos a los tiempos administrativos.

El fallo, que hace un medular razonamiento sobre el rol del juez/a frente a procesos urgentes como el planteado, por efecto del riesgo en ciernes de afectación a la salud y al ambiente, se conoció 24 horas después de la presentación de la DPA. La acción fue entablada el día jueves 12 por la tarde, en el marco del conflicto entre la Municipalidad y los trabajadores/as sindicalizados en ATE, a raíz de distintos planteos laborales y el reclamo de recomposición salarial.

Recuérdese que el defensor Fernando Bravo había declarado horas antes de aquella presentación judicial, que la DPA había esperado todo cuanto era posible a que las partes en disputa llegaran a un acuerdo, que permitiera al menos destrabar la situación y retomar la normal prestación del servicio de recolección de residuos.
Pero al dilatarse los tiempos sin horizonte cierto, la DPA entendió que era momento de acudir a los tribunales en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas a la salud y al ambiente sano, y en cumplimiento de una Ordenanza cuyo objeto es, precisamente, el mismo, pues declara la esencialidad de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los RSU.

Es también por ello que se optó como remedio procesal por la medida autosatisfactiva, que la propia jueza destacó en su sentencia como una especie de los procesos urgentes que ha sido ampliamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, acompañando su resolución con una amplia exposición y citas doctrinarias sobre el particular.

En igual sentido, la magistrada reconoció los riesgos para la salud y el ambiente planteados por la DPA y los derechos conculcados. En ese sentido consideró “muy pertinente la pretensión del señor Defensor, quien representa los intereses de la totalidad de la población de la ciudad de San Martín de los Andes” y “concuerdo con el peticionante en el sentido que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para dictar la medida solicitada, ya que el derecho de los vecinos de San Martín de los Andes es indiscutible, el interés de la población se circunscribe a que se cumpla con la correcta y adecuada prestación del servicio y, en consecuencia, no es necesaria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo, máxime considerando que no entiendo necesario la producción de medidas de prueba alguna, puesto que como vecina de aquella localidad tengo la posibilidad de ver, conocer y constatar el estado actual y la realidad en la cual se encuentra inmersa la ciudad causado por la falta de recolección de residuos…”.

Asimismo, cabe recordar que si bien son dos las partes en conflicto, la DPA presentó su demanda contra la Municipalidad de San Martín de los Andes porque conforme la normativa vigente es la obligada a garantizar la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición de los RSU.

Entonces, en la parte resolutiva, dice la sentencia:

1. “Admitir la medida autosatisfactiva promovida por el Defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad de San Martín de los Andes y, en consecuencia, disponer que la Municipalidad de San Martín de los Andes arbitre todos los medios a su alcance para garantizar la prestación del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos de manera permanente, continua y habitual, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 10443/15, ello bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial (…)”.

2. “Disponer que la Municipalidad de San Martín de los Andes recupere y ponga bajo su órbita de gobierno y dirección la disposición libre de los camiones recolectores de residuos que se encontrarían retenidos en instalaciones del corralón municipal (…)”.

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