La medida se haría oficial esta semana y no será retroactiva, sino que tendrá aplicación desde su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2020. El precio diferencial de u$s 45 por barril perderá vigencia si el petróleo Brent supera ese valor durante diez días consecutivos.

Otro de los puntos claves del decreto es la baja a 0% de los derechos de exportación (retenciones), que en la práctica se aplican a una cuota ínfima de la producción que es vendida al exterior pero que funciona en el mercado interno para reducir el precio del crudo que pagan las refinadoras a las productoras.

Es decir, la quita de las retenciones subiría el barril "criollo", mientras que los gobernadores provinciales podrán liquidar más regalías y compensar la disminución de otros ingresos tributarios en sus territorios.

A principios de marzo, cuando se derrumbó el precio del petróleo en el mundo por un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción en medio de una monumental baja de la demanda de energía por la pandemia de Covid-19 (coronavirus), el Gobierno hizo todo lo posible para evitar una intervención formal al mercado de los combustibles. Pero la presión de los gobernadores de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, surtió efecto.

Ellos serán los más beneficiados por esta medida junto a productores no integrados como Vista Oil & Gas, Sinopec, Capsa y Tecpetrol, entre otros. Los perjudicados directos serán Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy).

A su vez, Axion (PAE), que solamente utiliza el crudo que produce, se opuso a la medida, mientras que Guillermo Nielsen, presidente de la estatal YPF, expresó rechazo a la decisión pero el nuevo CEO, Sergio Affronti, fue el jugador clave para destrabar la discusión y fijar el nuevo precio de referencia.