Este puesto lo muestra el informe denominado “La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina”, sobre la base de una evaluación “preliminar y general del desempeño” de estos organismos durante 2019, en forma previa a la pandemia de COVID-19.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén ocupa el segundo lugar  en el ámbito nacional en el ranking de eficacia político criminal, que muestra “la capacidad de cada Ministerio Público Fiscal para lograr que las causas penales que ingresan a las fiscalías reciban una respuesta que incida sobre la criminalidad de su jurisdicción”, según especificó el estudio que difundió ayer INECIP.

La tasa básica de eficacia político-criminal mide “cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta que incida, aunque sea mínimamente, sobre el control de criminalidad, uno de los objetivos principales de los Ministerio Públicos”.

En este ranking, los cinco primeros lugares los ocupan los Ministerios Públicos Fiscales de Entre Ríos (9,17); Neuquén (8,66); Chubut (6,81); Río Negro (5,31); y La Pampa (5,24). Y en el último lugar quedó el Ministerio Público Fiscal de Nación.

El estudio también elaboró un ranking a nivel nacional de eficacia general, que mide cuántos de los casos ingresados a las fiscalías reciben “una salida básica de calidad”. Este concepto comprende aquellas salidas que “implican algún tipo de respuesta ante el conflicto que está en la base del caso. El MPF debe darle algún tipo de respuesta comprensible a las peticiones de la ciudadanía, aun cuando no responda exactamente a aquella pretensión”. En este sentido, el informe menciona  a las “condenas, absoluciones, los sobreseimientos, las suspensiones condicionales del proceso y los acuerdos reparatorios”, como las cinco salidas de calidad.

En este ranking, los cinco primeros lugares los ocupan los Ministerios Público Fiscal de Corrientes (15,12); Formosa (12,64); Chubut (12,42); Entre Ríos (11,93); y Neuquén (11,39).

Con tono crítico, y a nivel general, el informe afirma en las conclusiones preliminares que “los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no cuentan con una tradición institucional que les permita reconocer la importancia de evaluar la eficacia de su trabajo, herramienta fundamental para cumplir con sus importantes funciones sociales. Eso se evidencia, por un lado, por la ausencia absoluta de planes de persecución que establezcan objetivos cuantificables y evaluables. Y, por el otro, por la baja calidad de la información disponible, y sus aún más bajos niveles de publicidad”.

Sobre esto último, indica que “ambos aspectos recién han empezado a ser identificados por algunos Ministerios Públicos en los últimos años. Pero esos esfuerzos aún no son suficientes para realizar una evaluación básica sobre su desempeño en forma periódica, y lograr que esa información se torne en un insumo útil para rediseñar sus políticas de persecución penal”.

Al informe completo puede accederse desde este link.