El caso sacudió a la ciudad cordillerana a fines del 2021, cuando se conoció la trágica noticia acaecida esa navidad. En un predio cercano a Villa La Angostura, un grupo de personas mantenía una reunión y en esas circunstancias, entre la 1 y las 4 de la madrugada, se produjo una discusión entre el acusado y Julio Raúl Zani.

Durante la disputa, el imputado tomó un cuchillo que había sobre una mesa y ante la intervención de la pareja de Zani, quien intentó quitárselo, el acusado le provocó un corte en la mano izquierda. Posteriormente, el acusa junto a su hija y pareja, se subió a una camioneta para retirarse del sitio, pero al intentar cruzar un arroyo que estaba a unos 20 metros del lugar, quedó atascado.

En ese momento, Julio Raúl Zani se aproximó con un rastrillo, en tanto que acusado descendió de la camioneta portando un arma calibre 45 y realizó al menos 4 disparos: uno de ellos impactó a Julio Raúl Zani en el tórax y le provocó una hemorragia masiva por la que murió en el lugar, el segundo hirió a su hermano, Alejandro Rubén Zani, quien se había acercado para asistir a la primera víctima y que murió dos días más tarde. El imputado, no estaba autorizado a portar el arma utilizada y durante un allanamiento realizado por la policía en su vivienda se encontró una segunda arma que tampoco estaba autorizado a poseer.

El hombre se encuentra imputado por los delitos de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, en dos hechos, lesiones leves portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real y en calidad de autor (artículos 41 bis, 45, 55, 79, 89 y 189 bis inciso 2 párrafo primero y cuarto del Código Penal).

Esta semana, en una audiencia de modificación y revisión de medidas cautelares, el fiscal del caso Adrián De Lillo requirió que se extienda por dos meses la prisión preventiva al imputado. Al momento de requerir la extensión de la medida de coerción, el funcionario de la fiscalía argumentó que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales se fijó la prisión preventiva originalmente: peligro de entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la integridad de la víctima y familiares de las víctimas.

La querella particular, en representación de familiares de los dos hermanos fallecidos, adhirió a los planteos de la fiscalía. En tanto que el juez de garantías encargado de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y extendió la prisión preventiva por el plazo solicitado de dos meses.