El delito por el cual el imputado fue declarado penalmente responsable el 25 de febrero pasado, mediante un acuerdo parcial, es abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, perpetrado en forma continuada, en calidad de autor (artículo 119 cuarto párrafo inciso “f”, en función del artículo 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal).

Al momento de requerir la medida de coerción, Maggiora solicitó la extensión de la misma hasta el 7 de julio de 2022, manifestando que el 6 y 7 de julio próximo se llevará adelante el juicio de cesura donde se determinará la pena que le corresponderá cumplir al imputado. También argumentó su pedido en que siguen vigentes los peligros procesales por los cuales se fijó la medida cautelar anteriormente, primero por cuatro meses el 28 de octubre de 2021 y luego prorrogada por dos meses el 27 de enero pasado. Estos peligros son: la existencia de riesgo para la integridad física de la víctima y testigos, y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El defensor de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, quien intervino como querellante institucional en representación de la víctima menor, adhirió al planteo de la fiscalía.

La teoría del caso de la fiscalía es que P.A.C abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas, entre el 19 de septiembre de 2019 y octubre de 2021, en una vivienda ubicada en un paraje cercano a la localidad de San Martín de los Andes. El acusado cometió los abusos utilizando violencia física y aprovechando la situación de convivencia. Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y se le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE).

La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y extendió la prisión preventiva hasta el 7 de julio de 2022.