Un nuevo caso de abuso sexual sale a la luz en la ciudad cordillerana. Esta vez con poco ruido mediático, ya que la justicia busca constantemente proteger a las víctimas y su integridad. Pero más allá de los nombres, se confirmó una nueva condena.

La asesora letrada de la fiscalía, Inés Gerez, explicó en comunicación telefónica al programa “Cosas que Pasan” por radio Fun el detalle del proceso, “los hechos por los cuales se lo imputó y condenó es el delito de abuso sexual agravado (con acceso carnal) de manera retirada”.

La denuncia se realizó el 18 de octubre del 2021, ese mismo mes se lo imputó y se lo condenó el 22 de marzo de este año. Ahora lo que se determinó es la pena, que será de siete años de prisión efectiva.

La condena todavía tiene que ser revisada por un tribunal, hasta que no quede firme, continúa con prisión preventiva en Junín de los Andes. Una vez que el juez lo determine, ahí se definirá en dónde cumplirá la condena.

En relación a la cantidad de años dispuestos por pena hay mucho debate, explicó Gerez. “En este caso hubo circunstancias que se tuvieron en cuenta para determinar la pena. En muchos casos, las víctimas con quieren acceder a un juicio, debido al sufrimiento que ello conlleva, por lo que tratan de llegar a un acuerdo, en especial cuando el imputado reconoce su culpabilidad. En este caso en particular, había un acuerdo responsabilidad, que también traía aparejado uno de pena. Muchas veces uno va a un juicio con una expectativa de pena, que luego no es tal, a veces es menor a la que uno tenía la expectativa. Esto no significa que haya menos pena en este proceso que en uno más largo. Hay una negociación entre las partes y se define el tiempo”, planteó la letrada.

Del hecho se sabe que se trata de dos víctimas, que al momento de producirse eran menor de edad. Es por ello que se reserva la identidad de ellas. En referencia al nombre del victimario Gerez explicó que “no se puede decir ya que se podría deducir quién es la víctima y siempre se trata de resguardar a la víctima, su identidad y su integridad”.

Es cierto que el problema es que se protege al victimario y si se conociera su identidad podrían aparecer más casos similares. En referencia a ello, la funcionaria planteó que “las instituciones en las que se desempeñaban deberían de darle a conocer a los otros niños y niñas la situación por la que atravesaron”.

Ya trascendió que esta persona era empleada municipal. Gerez comentó que “actualmente no sé si sigue manteniendo vínculo laboral con la Municipalidad de San Martín de los Andes”. Lo que sí se pudo confirmar es que hasta marzo recibió un salario.